Se lograron las firmas necesarias para una consulta sobre la ley de caducidad

Montevideo.-  Más de 255.000 uruguayos, más de los necesarios, han respaldado ya con su firma la convocatoria de un plebiscito para convocar un plebiscito con el fin de derogar la ley que dejó sin juicio a los militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

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(EFE)

Los 255.000 ciudadanos que respondieron a la iniciativa representan el 25% del padrón electoral, el porcentaje necesario para solicitar a la Corte Electoral que se convoque a un plebiscito. EFE/Archivo

Carlos Coitiño, de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, dijo hoy a la emisora "El Espectador" que "se superaron" las 255.000 firmas necesarias y que en un plazo de 25 días se plantean "llegar a las 300.000".

Los 255.000 ciudadanos que respondieron a la iniciativa de la Coordinadora representan el 25 por ciento del padrón electoral, el porcentaje necesario para solicitar a la Corte Electoral que se convoque a un plebiscito.

La iniciativa tiene el apoyo de la principal central de trabajadores del país (PIT-CNT), organizaciones defensoras de los derechos humanos y algunos partidos políticos de izquierda, pero no de la mayoría de la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio.

Coitiño anunció que del 6 al 12 de abril la Coordinadora "concentrará su esfuerzo" en los departamentos de Canelones, Montevideo, Rocha, Treinta y Tres y Paysandú, "con el objetivo de llegar a las 300.000 firmas" antes de que termine, en tres semanas, el plazo de recolección.

Posteriormente las firmas serán entregadas al Parlamento, que las debe remitir a la Corte Electoral para su estudio y validación.

El objetivo de la Coordinadora es que se convoque a un plebiscito en el mes de octubre, de manera conjunta con las elecciones generales, para intentar anular la "ley de caducidad".

Dicha ley, aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986 tras el retorno a la democracia y refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989, dejó sin efecto, antes de su inicio formal, los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones de los derechos humanos.

Con la llegada del socialista Tabaré Vázquez a la Presidencia de Uruguay, en marzo de 2005, se flexibilizó la aplicación de la Ley de Caducidad y se habilitó a la justicia a juzgar a algunos militares y policías, cuyos casos quedaron excluidos de la ley.

De hecho, seis militares y dos policías retirados fueron condenados el pasado viernes, en primera instancia, a penas de cárcel de 20 a 25 años por "homicidio muy especialmente agravado".

Las condenas son por la desaparición y muerte de 28 uruguayos en virtud del denominado Plan Cóndor, como se conoce la represión coordinada de sus opositores que pusieron en práctica los gobiernos militares del Cono Sur en las décadas de los años 70 y 80.