Las Cortes aprueban la ley del máximo órgano consultivo de Aragón

Zaragoza.-  El Pleno de las Cortes ha aprobado hoy la ley del Consejo Consultivo de Aragón, que deriva del Estatuto de Autonomía y que se constituye así en un órgano autonómico de relevancia estatutaria y en "suprema instancia consultiva" del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma.

El Consejo Consultivo tendrá autonomía orgánica y funcional, premisa necesaria de independencia según se detalla en la exposición de motivos de la ley, y su función será la de asesoramiento jurídico en el marco general de la Constitución y del Estatuto, con especial relevancia en la labor que se le encomienda de interpretar los derechos y deberes de los aragoneses y los principios rectores de las políticas públicas.

Entre sus funciones, el Consejo Consultivo (antes Comisión Jurídica Asesora de Aragón) deberá emitir informe preceptivo sobre los anteproyectos de reforma del Estatuto, además de elaborar dictámenes de cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno de Aragón o cualquiera de sus miembros.

Pero sus dictámenes se fundamentarán en derecho y sólo valorarán los aspectos de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite expresamente la autoridad consultante.

Será preceptivo solicitar informe del Consejo, además de en la reforma del Estatuto, en decretos legislativos, reglamentos ejecutivos, transacciones judiciales o extrajudiciales sobre derechos de contenido económico o conflictos de más de 300.000 euros, acuerdos del Consejo Social de la Universidad, pliegos de cláusulas administrativas generales, alteración de términos municipales o constitución y disolución de entidades locales.

El Consejo Consultivo estará integrado por el presidente (nombrado entre juristas con más de quince años de experiencia profesional y reconocido prestigio público) y ocho miembros (seis juristas con más de diez años de experiencia y dos de entre quienes hayan ostentado un alto cargo de la Comunidad), nombrados todos por el Gobierno de Aragón mediante decreto.

Los Grupos de la oposición, sobre todo CHA e IU, han denunciado en sus intervenciones ante el pleno que en esta ley se hurta cualquier participación del Parlamento, sobre todo en lo referido al nombramiento de los miembros del Consejo.

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, y el de IU, Adolfo Barrena, han coincidido en señalar que esta ley pergeña un Consejo Consultivo "sólo" del Gobierno, porque quiere evitar que las Cortes se acerquen "ni un milímetro" a este órgano, ha dicho Bernal.

Barrena, que no ha votado a favor ningún artículo de la ley, aunque se ha abstenido en varios, ha reprochado al PSOE y al PAR que hayan sido "incapaces" de entender que una ley de este calado "no puede ser patrimonio de una mayoría de la Cámara", sino que debería haberse "consensuado" y, en este sentido, ha advertido de que quedan "muchas leyes" de desarrollo estatutario y se empieza "por mal camino" si ya se opta por "imponer" la primera.

La diputada del PAR Ana de Salas ha recordado que la ley incluye un artículo que establece que la Comisión Institucional de las Cortes deberá conocer los miembros propuestos antes de su nombramiento para apreciar su condición de reconocido prestigio.

El nombramiento de los miembros se realizará por tres años, con posibilidad de dos reelecciones.

Otra de las críticas de la oposición ha sido el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo, que a juicio de Barrena debería de ser el mismo que el del resto de altos cargos del Gobierno, mientras que Bernal ha considerado "lógico" que se introduzcan cautelas para regular los posibles "conflictos de intereses".

De Salas ha insistido en que éste es un órgano "del Gobierno y de la Administración", y no de la Comunidad o de las Cortes y ha insistido en que el régimen de incompatibilidades de sus miembros es ya "bastante amplio".

Ángel Tomás, del PSOE, ha dudado de que se pudiera tener a los más prestigiosos juristas de aprobarse el régimen de incompatibilidades demandado por la oposición.

Manuel Guedea (PP) ha echado también en falta consenso y participación de la oposición y aunque ha reconocido que no sería bueno pedir la exclusividad de los miembros del Consejo, sí que ha estimado que habría que ampliar las incompatibilidades.

El presidente y los miembros del Consejo Consultivo deberán de ser nombrados y tomar posesión en tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley.