Barcelona.- La consellera de Justicia, Montserrat Tura, ha sugerido hoy que los juzgados de paz podrían asumir la realización de juicios de faltas y los ayuntamientos, los registros civiles, como reformas que podrían ayudar a descongestionar los tribunales.
La consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Tura. EFE/Archivo
En un desayuno de Fórum Europa celebrado hoy en Barcelona, la consellera ha abordado la situación de la Justicia en Cataluña, donde en los últimos cinco años se han invertido unos 500 millones en la construcción de nuevos edificios judiciales en numerosas localidades.
A pesar de esta destacada inversión en nuevos edificios, Tura ha indicado que "no son suficientes" para conseguir la descongestión de la justicia, que precisa reformas "valientes e imprescindibles".
La receta de la consellera catalana se basa, entre otros aspectos, en que los juzgados de paz, "todos ellos ya informatizados", asuman juicios de faltas, que los ayuntamientos lleven los registros civiles y que los impagos de hipotecas y alquileres estén a cargo de los registradores de la propiedad, sin que sea necesario llegar a juicio.
También ha citado el ejemplo francés para plantearse la posibilidad de que los procesos concursales de las empresas, las antiguas suspensiones de pagos, sean dirimidas por un organismo especializado ajeno a los tribunales y que las mediaciones sean "obligatorias entre las partes en conflicto" para alcanzar un acuerdo.
Estas medidas, además de otras de diverso alcance, no pretenden, ha explicado, dejar de tratar los asuntos de la justicia, sino de que ésta tenga "filtros" que permitan a los jueces y funcionarios dedicarse a asuntos importantes.
Tras la dictadura, ha argumentado, la sociedad se dotó de un sistema "muy garantista" que ha hecho que muchas leyes remitan la autoridad judicial para dirimir las discrepancias y "quizás nos hemos pasado" a la hora de enviar a los juzgados todo tipo de asuntos.
Actualmente, la justicia es "una boca de entrada de asuntos, con lenta digestión y aún más lenta resolución", según la definición de la consellera.
A su juicio, también la organización funcional de la justicia debe cambiar y, de la actual atomización, en la que cada juzgado "tiene su mundo", se debe pasar a tener órganos generales y con servicios comunes que faciliten el trabajo a los funcionarios y agilicen el funcionamiento de los juzgados.
Además de proponer estos cambios, Cataluña reclama, ha especificado Tura, la capacidad de gestionar y ejecutar las políticas de personal así como las tasas, las consignaciones y las multas judiciales, además de la "normalización absoluta del derecho catalán y la lengua propia" y la creación del Consejo de la Justicia de Cataluña", contemplado en el Estatut.
Según datos aportados por la consellera, Cataluña es la comunidad autónoma que gasta más en justicia, con 79 euros per cápita, frente a los 54 de Andalucía y los 48 de Navarra.
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