El Gobierno asturiano comienza a licitar la obra pública adelantada para frenar la crisis

Oviedo.-  El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy inversiones en infraestructuras de carreteras y de saneamiento por más de 48 millones de euros que suponen, según su portavoz, Ana Rosa Migoya, el comienzo del adelanto de las inversiones en obra pública anunciado por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis.

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(EFE)

La portavoz del Gobierno de Asturias, Ana Rosa Migoya. EFE/Archivo

En rueda de prensa, Migoya ha señalado que el Gobierno está tramitando "con la máxima agilidad posible" las medidas anticrisis puestas en marcha "respetando los trámites administrativos" tal y como habían reclamado los sindicatos firmantes del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social (ACEBA).

Según la consejera, estas iniciativas se producen en un contexto en el que "la paz social sigue funcionando como reconoce el propio presidente de FADE" a pesar de que en los últimos días hayan coincidido varios conflictos en sectores diversos como la educación, la sanidad o el transporte "que no tienen nada que ver entre sí".

A su juicio, los últimos datos de coyuntura hechos públicos por el INE, que refleja un crecimiento del PIB asturiano del 1,8 por ciento en 2008, por encima de la media nacional, contrastan "con otros análisis catastrofistas que de manera bastante frecuente se han equivocado", en alusión al último informe de FUNCAS.

Según la consejera, estos datos, que constatan que el PIB asturiano se sitúa ya en el 93,9 por ciento de la media española, constatan que el Principado tiene una economía "bien preparada" así como "herramientas e instrumentos" para poder afrontar la crisis.

"Lo que sobran son análisis catastrofistas y pesimistas, que lo único que hacen es trasladar inquietud y desasosiego a la sociedad asturiana", ha añadido la portavoz antes de reclamar el trabajo coordinada de Gobierno, patronal y sindicatos "para salir cuanto antes y de la mejor manera" de la actual situación económica.

Para Migoya, en un escenario de crisis como el que se empezó a vislumbrar en 2008 a nivel mundial los esfuerzos realizados en los últimos años para diversificar la economía asturiana han dejado a la región "mejor situada y mejor preparada" para afrontar las consecuencias de una negativa coyuntura económica.

Así, durante el pasado ejercicio, el Principado alcanzó los 456.200 puestos de trabajo, con un aumento de 1.700 respecto a 2007, "en un escenario complicado, de crisis económica general e internacional y de destrucción de empleo a todos los niveles".

Entre las inversiones aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno, que, según Migoya, tendrán continuidad en próximas reuniones del Ejecutivo para seguir adelantando inversiones en 2009, figura un gasto de 14,5 millones de euros para la contratación de nueve obras de acondicionamiento de carreteras, que suponen la reparación de 50,7 kilómetros de vías en ocho concejos asturianos.

Las actuaciones se llevarán a cabo en los municipios de Soto del Barco, Pravia, Cudillero, Salas, Valdés, Llanera, Siero y Cabrales e incluyen, entre otras obras, la reparación del tramo Soto del Barco-Pravia de la carretera As-16, el acondicionamiento de la travesía de Arenas de Cabrales y la reparación de la carretera AS-314, entre Soto y Santa Cruz de Llanera

Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado la obra de saneamiento y depuración de la segunda fase del río Aboño en Gijón, que afecta a toda la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) y al colector interceptor del río Aboño, y cuya inversión se eleva a 17,7 millones de euros.

El proyecto de Aboño incluye el colector de aguas residuales industriales del Río Aboño en el tramo desde el Alambrón hasta el Aliviadero de Aceralia; el del Río Pinzales, desde su inicio en la instalación de Vertedero Sur hasta su incorporación al colector del Río Aboño y el de la futura ZALIA, que recibirá también las aguas residuales domésticas de los núcleos próximos.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado otros 16,2 millones de euros para la ejecución de 63 proyectos municipales financiados con fondos mineros que se repartirán entre trece ayuntamientos.

Estas actuaciones fueron autorizadas por el Gobierno a finales de 2008 y remitidas al Instituto del Carbón para su firma.

Una vez recibida la autorización del Ministerio de Industria, el Gobierno procederá ahora a pagar a los municipios de las cantidades consignadas para la ejecución de los proyectos.