CC y PP rechazan la propuesta del PSC de reprobar a tres consejeros por su "nefasta" gestión

Santa Cruz de Tenerife.-  Los grupos de Coalición Canaria (CC) y Popular rechazaron hoy la propuesta del PSC de reprobar a los consejeros de Empleo, Jorge Rodríguez; Educación, Milagros Luis Brito; y Turismo, Rita Martín, por su "nefasta" gestión en sus respectivos departamentos.

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(EFE)

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante su intervención hoy en el pleno del Parlamento de Canarias donde se debate el Estado de la Nacionalidad Canaria.

La intención del grupo Socialista de que el Parlamento reprobase a los citados consejeros del Gobierno de Canarias fue rechazada por 31 votos en contra y 26 a favor durante el debate de las propuestas de resolución presentadas en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, en la que también pidió el PSC que se paralizase la policía autonómica.

Los grupos que apoyan al Gobierno sólo aceptaron cuatro de las 101 enmiendas presentadas por el PSC, relacionadas con aclarar la legislación sobre ordenación del territorio, regiones ultraperiféricas, refuerzo del sistema educativo y plan energético de Canarias.

El portavoz del grupo Socialista, Santiago Pérez, dijo que esta actitud de CC y PP demuestra que, "de consenso, cero", y apuntó que, en algunas de sus 37 enmiendas, ambas formaciones hacen "una censura implícita" al Gobierno de Canarias "que compartimos".

Otras medidas "son de echarse al monte", dijo Pérez en alusión a la enmienda de nacionalistas y populares que pide al Estado la continuación "inmediata" del puerto de Granadilla de Abona como proyecto de interés público "de primer orden", pese a que hay una sentencia que paraliza las obras.

Sobre la propuesta de reprobación, el diputado del grupo Popular Miguel Cabrera dijo que cuando el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, cese a todos los ministros del Gobierno "que se quieren ir hablamos de los consejeros de Canarias, que han hecho un trabajo realmente encomiable".

"No tenemos confianza en este Gobierno", justificó el portavoz socialista, Santiago Pérez, quien además pidió la retirada del proyecto de ley de medidas urgentes, que en su opinión "deroga de forma unilateral y rotunda la moratoria" turística, una decisión "intervencionista" pero que no fue "fruto del capricho".

El diputado de CC José Miguel González "negó la mayor" en este asunto, dijo que la ley de medidas urgentes ha sido elaborada con el consenso de los agentes económicos y sociales y aseguró que es "más que la moratoria" porque facilita la labor de los ayuntamientos, ya que el planeamiento está "bloqueado".

El PSC quería además que el Parlamento constatase "la nefasta política educativa" del Gobierno de Canarias, en el caso de Milagros Luis Brito, pues en su opinión el sistema educativo de las islas funciona peor que en cualquier otra comunidad autónoma y el Gobierno se ha ocupado "de sembrar la desconfianza" en todos los agentes educativos.

Por ello, el grupo Socialista entiende que debe reprobar a la titular de la Consejería, Milagros Luis Brito, por su gestión "cargada de ineficacia, soberbia, oscurantismo, descoordinación y despilfarro", y por su actitud "no tolerable".

Además, el PSC quería que la Cámara reprobase "de forma expresa e individualizada" al titular de Empleo, Jorge Rodríguez, por entender que su gestión ha supuesto "un notable incremento" del paro en Canarias y "un mínimo avance" en las energías renovables, mientras que a la consejera de Turismo, Rita Martín, le atribuye una situación "de caída libre" en esta área.

El portavoz del grupo Socialista, Santiago Pérez, defendió que parte de las enmiendas presentadas por su formación están relacionadas con el refuerzo de la calidad democrática frente a la crisis, para lo que pedía, entre otras cuestiones, reformar el régimen electoral para "que sea el pueblo canario quien se autogobierne".

También pidió la renovación de los órganos que dependen del Parlamento de Canarias, y aseguró que todo lo que sea bloquear este asunto implica "degradar el autogobierno".

El diputado del PP Miguel Cabrera defendió el voto en contra de las propuestas de resolución del grupo Socialista, excepto cuatro, por considerar que obedecen una "doble moral" similar a la de Robespierre, que además "eliminó a la oposición", y enumeró hechos "de astucia y clarividencia" ocurridos durante la gestión de Juan Fernando López Aguilar como ministro de Justicia.

El PSC propuso además que no se utilicen los menores inmigrantes como arma política y planteó que el Gobierno "dé marcha atrás" en su intención de "ahogar" al Centro de la Cultura Popular Canaria.

Asimismo, criticó que el Gobierno apoye una moratoria de la materialización de la Reserva de Inversiones "sin consenso" y reclamó que se mantengan los planes sectoriales con los cabildos, que a su juicio ha cancelado el Ejecutivo después de que estas corporaciones devolviesen los ingresos del Régimen Económico y Fiscal ingresados de más.

El PSC también quería que el Ejecutivo aclarase sus intenciones respecto al monumento de Tindaya y que realizase todas las gestiones pertinentes para "la inmediata recuperación" para el erario público de los 11.780.000 euros empleados en los gastos de estudio e implantación de dicho proyecto.

Además, propuso iguales acciones para evitar que de las arcas públicas se tengan que abonar los 92.295.000 euros derivados de la sentencia relativa a la concesión minera en la montaña de Tebeto, también en Fuerteventura.

Miguel Cabrera, del PP, rechazó esta última enmienda con una ironía en verso sobre la participación de la diputada socialista Francisca Luengo en dicho expediente, aunque luego le pidió disculpas "porque no tenía intención de ofenderla".

El portavoz socialista, Santiago Pérez, calificó a Cabrera de "ejemplo de la derecha recalcitrante", criticó su "dosis de desprecio, machismo y falta de respeto a una diputada que no se merece que se le llame en la tribuna Paquita", y dijo que se podrá disculpar pero no trivializar sus palabras.

Ello motivó la intervención del presidente del Parlamento, Antonio Castro, quien dijo que "se acabó la flexibilidad" y advirtió a los diputados de que "se acabaron las bromas".