Washington.- El Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, reiteró hoy su disgusto por el pago de bonos millonarios a ejecutivos de una firma intervenida por el Estado, y pidió al Congreso nuevas atribuciones para la intervención y liquidación de otras empresas.
Igualmente, el presidente Obama dijo en la Casa Blanca que "espera que no lleve mucho tiempo convencer al Congreso" para que apruebe el establecimiento de una nueva agencia con atribuciones para la intervención de entidades financieras no bancarias, cuyo colapso pueden devastar a todo el sistema financiero.
En este sentido trabajaron hoy el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y el Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, quienes comparecieron ante el Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes en una audiencia centrada en la intervención gubernamental de la firma aseguradora American International Group (AIG).
En septiembre pasado, y al borde de lo que Bernanke describió como "un cataclismo financiero como el de los años 1930" si AIG iba a la quiebra, el Tesoro y la Reserva intervinieron con una inyección de 85.000 millones de dólares.
En noviembre, el Gobierno del presidente George W. Bush agregó 97.500 millones de dólares al salvamento de AIG, tomados de los 700.000 millones de dólares que le había dado el Congreso el mes anterior como andamio para impedir el colapso de todo el sistema financiero.
Desde entonces, AIG ha pagado unos 165 millones de dólares en bonos a sus ejecutivos bajo contratos firmados antes de la intervención. Los "bonos de retención" tienen el propósito de que el ejecutivo contratado siga trabajando en la firma.
Bernanke, que según dijo hoy intentó impedir que se pagaran esos bonos, explicó a los legisladores que el caso de AIG demuestra por qué la Reserva y el Tesoro necesitan más atribuciones "para intervenir y proceder a la liquidación ordenada" de entidades financieras fallidas.
Pero Bernanke, que estaba ya al frente de la poderosa Reserva Federal, no dejó en claro cuándo fue que se enteró de los contratos y los bonos. Dijo, en cambio, que se procedió de la manera más expedita teniendo en cuenta las circunstancias.
Geithner, que entonces era el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y el que manejó los arreglos con AIG, afirmó que se enteró del asunto el pasado 10 de marzo, cinco días antes del pago de los bonos.
El presidente del Comité, Barney Frank, demócrata de Massachusetts, recordó a los funcionarios que la intervención en AIG la decidió el Poder Ejecutivo, sin consulta con el Congreso, y sugirió que el Legislativo debería asignar a una agencia, la autoridad para la liquidación ordenada de entidades financieras no bancarias.
El republicano Scott Garrett, de Nueva Jersey, cuestionó la transparencia de todo el proceso, y recordó que cuando él solicitó información el año pasado sobre AIG, primero la Reserva indicó que no podía divulgarla porque era información privilegiada, y luego la divulgó públicamente.
Asimismo, Garrett pidió que Geithner explicara en qué medida se modificaron las estipulaciones de la intervención en AIG "para asegurar que se pagaran los bonos" a sus ejecutivos.
El republicano Jeb Hensarling, de Texas, fue más directo: "Los bonos pagados por compañías lucrativas a sus empleados más destacados tienen sentido. Los bonos financiados por los contribuyentes y pagados por compañías fallidas que deben dinero a los contribuyentes, no tienen sentido".
No fue una sorpresa que tango Geithner como Bernanke dedicaran buena parte de su tiempo ante el Comité tratando de cambiar el tema de conversación.
Los dos recordaron al Congreso que, bajo la legislación vigente, sólo los bancos regulados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés) pueden ser intervenidos y liquidados por el Gobierno.
Esto, dijo Bernanke, deja a muchas firmas afectadas por la crisis financiera, incluidos los bancos más grandes, las compañías de seguro, y las agencias de corretaje de bolsa.
El pedido de mayores atribuciones es mucho menos controvertido que el pago de bonos en AIG, y muchos son los expertos y miembros del Congreso que creen que esas medidas son necesarias.
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