Valencia.- Los condenados por infracciones de tráfico de la Comunitat Valenciana y Murcia podrán evitar la cárcel y cumplir sus trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) con actividades relacionadas con la seguridad vial, la conservación medioambiental y el cuidado de personas mayores y dependientes.
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. EFE/Archivo
Así lo contempla el acuerdo firmado hoy entre la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y el presidente de la Fundación Blasco Ibáñez, Vicente Andrés, en presencia del delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, y de responsables de prisiones de ambas regiones.
La citada Fundación se encargará de gestionar el cumplimiento de las citadas penas de TBC -menores de dos años- en distintas áreas sociales de la Comunitat Valenciana y de Murcia, aunque con especial preferencia por aquellas relacionadas con la seguridad y la educación vial.
El objetivo es que el condenado, además de cumplir su pena, se conciencie de que "tiene que reparar el daño causado" y "cultivar" así el principio de "Justicia reparadora" en favor de toda la comunidad, no solo del infractor sino de las víctimas y de la sociedad en general.
En este sentido, Gallizo ha hecho un llamamiento a gobiernos autonómicos, ayuntamientos, agentes sociales y ONG para que se sumen a este "río" de colaboración que redundará, a su juicio, en la educación y la seguridad vial "de todos".
Sobre los condenados, ha señalado que en su mayoría son "personas normalizadas" con trabajos y vidas familiares que pueden compatibilizar con estos trabajos, no retribuidos y de áreas tan amplias "como la imaginación lo permita".
Gallizo ha insistido en que "las penas se cumplen" y en que "nadie" va a dejar de pagar por las infracciones cometidas, sean del grado que sean.
En los últimos tres años, desde la reforma de la Ley de Seguridad Vial y del Código Penal, unas 80.000 personas han sido condenadas en España a TBC, que en el caso de la provincia de Valencia llega al millar de casos en lo que va de año, la mayoría por infracciones de tráfico.
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias ha señalado que por ahora no puede evaluarse el grado de efectividad de estos programas de reinserción, pues es "demasiado pronto" para comprobar cuántos condenados han reincidido.
Durante los once primeros meses de 2008, unas 28.000 personas condenadas a penas menores de dos año consiguieron en España evitar la cárcel y cumplir en su lugar una pena alternativa impuesta por un juez, que suele consistir en un trabajo en beneficio de la comunidad.
El 80% de los beneficiarios correspondió a delitos contra la seguridad vial, sobre todo por superar la tasa de alcohol permitida y por exceso de velocidad.
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