Denuncian ante la CIDH a Colombia por la extradición de 'paras' y la parapolítica

Washington.-  Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron hoy las extradiciones de paramilitares de Colombia a Estados Unidos y pidieron la disolución de algunos partidos de la coalición gubernamental por vínculos con la "parapolítica".

Estos reclamos se hicieron en sendas audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con motivo de su 134 periodo de sesiones públicas.

En una de las vistas dedicadas a Colombia, la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) pidieron a la CIDH medidas "decididas" y "urgentes" para frenar las extradiciones de paramilitares, ya que son una "afrenta" al derecho a la justicia de las víctimas.

Denunciaron que el hecho de que desde 2008 se hayan extraditado a 18 paramilitares, solicitados por Estados Unidos por narcotráfico, cuando tenían causas pendientes en Colombia es "inexplicable", dijo Gustavo Gallón, del CCJ.

Gallón afirmó que desde las extradiciones del año pasado "se han continuado pocas diligencias bajo la Ley de Justicia y Paz", la cual permitió la desmovilización de más de 31.000 paramilitares entre 2003 y 2006.

Apuntó a problemas técnicos y administrativos que dificultan la transmisión de audiencias, y aseveró que "esta situación demuestra que las víctimas están condicionadas a los trámites de la justicia de Estados Unidos".

Por parte del Gobierno colombiano, el director de Justicia y Paz, Luis González, aseguró que las diligencias de la justicia colombiana "continúan" mediante audiencias de los paramilitares desde EE.UU., si bien reconoció que en los primeros meses eran necesarios ajustes para facilitar la logística.

De hecho, dijo, existe un calendario de cara a los próximos meses para celebrar audiencias.

En otra vista, la Corporación Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron que el 35% de los miembros del Congreso colombiano es investigado por presuntos nexos con organizaciones paramilitares, lo que se conoce como el escándalo de la "parapolítica".

Por ello, pidieron que se disuelvan cinco partidos de la coalición gobernante por ese motivo.

El director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, explicó que otros partidos también se han visto afectados por supuestos vínculos con el grupo paramilitar desmovilizado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sin embargo, añadió, en el caso de la coalición gobernante, encabezada por el Partido de la "U" y el Partido Conservador, la situación es más grave.

Claudia López, de HRW, dijo que "el narcotráfico y los paramilitares lograron en 20 años lo que la guerrilla no consiguió en 60": hacerse con una gran parte del poder político.

Michael Camilleri, del CEJIL, afirmó que la estructura política creada por las AUC "no se reconoció ni se desmovilizó" y que la colaboración entre políticos y paramilitares "sigue viva", lo que constituye un "grave peligro" para los derechos humanos.

El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos de Colombia, Carlos Franco, señaló que el Gobierno no quiere "desconocer" el problema y reconoció que en su país "hay un problema grave de corrupción" en los partidos políticos.

Pese a ello, subrayó, "se está enfrentando este problema como en ningún otro país, con eficacia y celeridad".

En una tercera audiencia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia denunciaron las dificultades que tienen los periodistas en Colombia para ejercer libremente su profesión en el contexto de la violencia y del conflicto que vive el país.

Presentaron un vídeo en el que varios periodistas denunciaron la "amenaza" a la libertad de prensa y de expresión en Colombia y las obstrucciones que sufren para informar sobre el conflicto.

Franco destacó que "la libertad de prensa y expresión en Colombia está probada con hechos", pero reconoció que "probablemente haya mucho que hacer" todavía en esta materia.

El funcionario señaló que en Colombia, como en todas las sociedades, hay debates fuertes sobre los límites de la libertad de prensa, y afirmó que lo que no es "entendible es que no se puedan cuestionar".