Panamá.- El Tribunal Electoral (TE) de Panamá levantó hoy el fuero a los candidatos oficialistas a la presidencia y la alcaldía de la capital, Balbina Herrera y Roberto "Bobby" Velásquez, respectivamente, para que se investigue si recibieron fondos del supuesto estafador colombiano David Murcia Guzmán.
La suspensión de la protección electoral de Balbina Herrera fue tomada por el TE a raíz de una petición formulada por la Procuradora General de Panamá. EFE/Archivo
La decisión incluye el levantamiento del fuero del aspirante presidencial opositor, Ricardo Martinelli, presidente de Cambio Democrático (CD), y de Alma Cortés, de la directiva de ese partido, denunciados, a su vez, por Balbina Herrera, de tener nexos con Murcia, dijo a Efe una fuente del TE.
La suspensión de la protección electoral de Herrera y Velázquez, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), y de Martinelli y Cortés, fue tomada por el TE a raíz de una petición formulada por la Procuradora General de Panamá, Ana Matilde Gómez, aseguró a Efe un portavoz del Ministerio Público (MP)
Gómez presentó recientemente esta petición, como un requisito para poder iniciar la investigaciones, añadió la fuente.
El hecho se produce a raíz de una denuncia presentada ante el MP luego de que el empresario colombiano David Murcia Guzmán, preso en su país por supuesta estafa y lavado de dinero, dijera en la cárcel a periodistas panameños que entregó 6 millones de dólares a Herrera y Velázquez, lo que ambos han negado.
Murcia es investigado en Panamá, donde fue detenido el 19 de noviembre pasado, por el supuesto delito de blanqueo de capitales producto del narcotráfico y captación ilegal de dinero.
Luis Eduardo Camacho, del opositor Partido Panameñista (PP) y quien presentó la denuncia contra Herrera y Velázquez, dijo que la decisión del TE ayudará a que se aclare si las campañas de estos candidatos recibieron dinero del empresario colombiano a través de donaciones o inversiones.
Herrera, a su vez, acusó a Martinelli de ser un "narcocandidato" y "narcolavador" y lo denunció ante el MP para que sea investigada su supuesta vicnculación empresarial con Murcia.
En Bogotá se informó hoy que Murcia, fundador de la intervenida empresa colombiana comercializadora de bienes y servicios a través de tarjetas prepago DMG, reiteró que "efectivamente financió" campañas políticas en Panamá y señaló que no teme ser extraditado a Estados Unidos.
"Allá efectivamente se financiaron esas campañas", señaló Murcia sobre presuntas aportaciones a políticos panameños para las elecciones generales de mayo próximo en Panamá, en una extensa entrevista con la emisora colombiana La FM.
Murcia precisó que decidió confirmar esa aportación después de que políticos como la candidata presidencial Balbina Herrera "salió a decir que no recibió dineros de un narcotraficante".
"Yo no podía dejar eso así, y por eso también salí a contar la verdad", señaló Murcia Guzmán.
Añadió que se reafirma en sus declaraciones porque los políticos panameños "no pueden ser tan descarados para decir que no (recibieron dinero)", y al respecto declaró: "Había unos acuerdos conmigo, y luego salieron a decir que era narcotraficante".
Según Murcia Guzmán, las aportaciones de DMG fueron de "seis millones de dólares. Tres y tres, para Herrera y para el candidato a la principal alcaldía de Panamá, Roberto 'Bobby' Velázquez".
El fundador de DMG fue detenido en Panamá el pasado 19 de noviembre y pocas horas después deportado a Colombia, donde es acusado de estafa por captación ilegal de dinero y lavado de dinero.
El Gobierno de Panamá reconoció el miércoles, por su parte, que Murcia Guzmán recibió la protección de tres miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI, guardia presidencial) antes de ser deportado a su país, los cuales fueron destituidos.
El presidente de Panamá, Martín Torrijo, había negado anteriormente que Murcia hubiera recibido potección de agentes de SPI.
El Ejecutivo panameño odenó una investigación para saber si hay más agentes del SPI involucrados en este caso y determinar cómo se llegaron a brindar estos servicios de protección al empresario colombiano, según fuentes oficiales.
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