Granada.- Las declaraciones de los más de cien imputados en la denominada "Operación Genil" contra el fraude a la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo (INEM), que comparecerán ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, comenzarán este lunes.
En la imagen del pasado mes de diciembre, el subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz (i), y la directora de la Tesorería de la Seguridad Social, Inmaculada Hidalgo Gómez (d), durante la rueda de prensa donde se informó sobre el estado de la investigación policial contra el fraude en la Seguridad Social en Granada. EFE/Archivo
En esta comparecencia y en la prevista para el 26 de marzo, el juez encargado de esta causa, José Luis Ruiz Martínez, continuará con la toma de declaraciones de los imputados en la primera fase de la operación, desarrollada en diciembre de 2008 y en la que hay implicadas en torno a un millar de personas, informaron a EFE fuentes judiciales.
Respecto a los 77 detenidos en la segunda fase de la operación, las mismas fuentes han detallado que el procedimiento se encuentra en fase policial y que no declararán en el juzgado hasta que hayan concluido sus comparecencias ante la policía.
Un total de 179 personas, entre ellas cuatro empresarios, han sido detenidas hasta el momento en Granada en las dos fases de la Operación Genil por un fraude a la Tesorería de la Seguridad superior a los 4,5 millones de euros, aunque el número de supuestos implicados es más elevado.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada detectara desde 2006 -con motivo de sus controles habituales sobre recaudación- la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, causaban baja.
Se descubrió un entramado de empresas, dedicadas supuestamente a la construcción que, aunque apenas tenían actividad, habían dado de alta a casi 1.800 trabajadores.
Al comprobar los expedientes de desempleo de los empleados se apreciaron diversas irregularidades en las solicitudes, ya que en algunos casos los trabajadores eran dados de alta durante breves periodos de tiempo para solicitar después el paro, mientras que en otras lo hacían por el periodo que les faltaba para adquirir el derecho al cobro.
En otras ocasiones se trataba de empleados cuya actividad laboral está vinculada a la venta ambulante y eran dados de alta en el régimen general.
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