Mérida.- El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado hoy crear una comisión de investigación sobre la empresa Lusográficas, en una sesión en la que el consejero José Luis Navarro ha pedido al Ministerio de Industria una "reflexión serena" sobre el nuevo modelo de facturación eléctrica ante la desconfianza social que ha generado.
El titular de Energía, Industria y Medio Ambiente ha comparecido, a petición propia, para informar sobre este asunto ante el pleno del Parlamento, que ha comenzado con un minuto de silencio por la celebración, ayer, del quinto aniversario de los atentados del 11-M en Madrid.
En su intervención, Navarro ha defendido que la actuación de la Junta ante las quejas generadas por la nueva facturación eléctrica ha sido "la más radical y contundente", y ha aclarado que en materia de consumo se ha abierto un expediente sancionador, porque se han detectado indicios de infracción, pero no en el ámbito de industria, donde "no hay irregularidades".
Sin embargo, el diputada del PP Felisa Cepeda ha pedido el cese inmediato de la lectura estimada del consumo y volver al cobro bimensual, en base a consumos reales, si es necesario, así como que las tarifas no se revisen al alza en los próximos meses.
Tras la comparecencia de Navarro, el Grupo Socialista ha votado en contra de la creación de una comisión de investigación sobre la empresa Lusográficas, de Olivenza, tal y como ha pedido el PP para aclarar la creación, ayuda y participación de la Junta de Extremadura en esta sociedad declarada en concurso de acreedores.
La parlamentaria del PP Cristina Teniente ha formulado más de cincuenta preguntas sobre este asunto en el que, según ha aseverado, se ha producido "una utilización de fondos públicos sin las mínimas garantías" y en el que "están en juego 13 millones de euros de los extremeños y 47 puestos de trabajo".
Por el PSOE, su portavoz, Ignacio Sánchez Amor, ha acusado al PP de "no querer que se le den a Lusográficas las condiciones que se les ha dado a otras" con el apoyo de los populares y ha aseverado que la Administración ha aplicado el "máximo control" en este caso.
Con el voto socialista se ha rechazado también una iniciativa en el que el PP proponía que la Junta subrogue las hipotecas de aquellas familias en situación de embargo debido a la crisis, de forma que puedan permanecer en las viviendas como arrendatarias, pagando una cuota de alquiler, con la obligación de recompra en cuanto mejore su situación económica.
La diputada socialista Manuela Frutos ha tildado esta iniciativa de "inasumible, populista e injusta" y ha alegado que los gobiernos regional y central ya han tomado medidas para flexibilizar el pago de las hipotecas por las familias más desfavorecidas.
Por su parte, la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, ha aseverado, al ser interpelada por el PP, que el Plan de Fomento de Calidad y Empleo de Extremadura "genera empleo", aunque "esta realidad se diluye" en la situación de crisis, mientras que el diputado popular Juan Parejo ha subrayado que el paro es "una pandemia" cuyo responsable es la Junta.
El titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, ha pedido "sacar a las mancomunidades del debate partidista" y ha propuesto al PP "hacer juntos" este modelo de cooperación mediante una ley, algo en lo que se ha mostrado dispuesto a colaborar el parlamentario del PP Manuel Barroso.
Las conclusiones del comité de expertos sobre la reforma de la ley del aborto también han llegado a la Cámara, donde el presidente del PP, José Antonio Monago, ha pedido al Ejecutivo su opinión sobre la posibilidad de que las menores de edad puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus progenitores.
A este respecto, Lucio ha manifestado que esta propuesta es "legal" y "ajustada al ordenamiento jurídico", mientras que Monago ha mostrado su disconformidad por motivos morales y porque "no hay una demanda social al respecto".
El PP ha solicitado además un plan estratégico que potencie, en el desarrollo de la futura Ley de Educación de Extremadura, la cultura del emprendedor desde las edades tempranas, algo que según los socialistas ya ha previsto la Consejería de Educación.
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