Madrid.- El fiscal ha reclamado hoy al Tribunal Supremo (TS) que confirme la sentencia que ordenó la disolución de los Latin Kings en la Comunidad de Madrid y condenó a once de sus integrantes a penas de entre tres años y un año y cuatro meses de prisión por asociación ilícita.
El supuesto fundador de los "Latin Kings" en España, Eric Javier Velastegui. EFE/Archivo
La petición de ilegalización de los Latin Kings en Madrid, contrasta con su situación en otras comunidades autónomas, como Cataluña, donde están registrados como una asociación cultural.
"No es una organización benéfica, ni cultural que defienda los valores latinos, sino que su finalidad es cometer actos violentos", ha dicho el representante del Ministerio Público en la vista pública celebrada por la Sala de lo Penal del Supremo para estudiar los argumentos de los recursos interpuestos por ocho de los condenados contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, en junio de 2007.
Entre los recurrentes, cuyos abogados han solicitado al Supremo que sea anulada la resolución de la Audiencia madrileña, está Eric Javier Velastegui, considerado el "Padrino" de la organización.
El fiscal ha hecho hincapié en que Velastegui dirigía la organización desde la cárcel y ha reiterado que los fines de los Latin Kings "son ilícitos".
En el mismo sentido se ha pronunciado el abogado de la acusación particular, Jesús Garzón, quien ha hecho hincapié en que está acreditado que los miembros de los Latin King pagan unas cuotas y "reciben amenazas y coacciones para que no abandonen la organización".
Por su parte, varios de los letrados de los ocho recurrentes han coincidido en señalar que no se trata de una asociación ilícita, ya que, según ha dicho uno de ellos, "no se ve claramente que exista una estructura ni se ha encontrado armamento".
Según Marco Antonio Sánchez, abogado de otro de los acusados, María Torres, el Tribunal no ha valorado la documentación aportada en el procedimiento que "acredita la legitimidad de esta banda en Barcelona y en Quito (Ecuador)".
La Audiencia de Madrid estimó que para declarar la existencia de una asociación ilícita se precisa acreditar la unión de una pluralidad de personas para llevar a cabo una determinada actividad, la existencia de una organización más o menos compleja, la permanencia en el tiempo y que el fin de la asociación sea la comisión de delitos.
"Es evidente que la Nación Latin King en el territorio de la Comunidad de Madrid está integrada por una pluralidad de personas y tiene una organización muy compleja, vista la estructura piramidal que presenta y la jerarquía que existe entre la diversidad de cargos que integran los distintos capítulos y también las personas con mando por encima de éstos", concluyó.
Sobre si el fin de la organización es realizar actividades delictivas, la Sala argumentó que si bien en los primeros años no se detectaron actos violentos, a partir de 2004 "comienzan a surgir fuertes enfrentamientos, fundamentalmente con la banda de los ñetas, dentro de la Comunidad de Madrid", intentando cada grupo "marcar unos territorios propios" de los que desplaza a los contrarios.
Así, afirma que "si bien la organización Latin King en un primer momento pudo tener unos objetivos más acordes con la convivencia social y con la defensa de los valores latinos y de ayuda a los emigrantes de países latinoamericanos que llegaban a España, enseguida derivó en una segunda fase hacia conductas violentas".
Velastegui está cumpliendo una condena de 21 años de cárcel por la violación de una mujer en 2003 en Madrid, mientras que los otros condenados son José Fabricio Icaza, María Torres, Pablo Antonio Sánchez, Carlos Enrique Navas, Carlos Enrique Zúñiga, Argelis Wilfrido Aguiño, Pablo Efraín Villegas, Geovanny José Cano y Denys Gary Piza.
En el caso del acusado Andrés Molina, el Tribunal sustituyó la pena de prisión por la de expulsión a su país de origen, Ecuador, y la prohibición de volver a España en diez años.
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