Diputados chilenos aprueban la creación de la Defensoría de las Personas

Valparaíso (Chile).-  La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy, por amplia mayoría y después de varios intentos anteriores fracasados desde hace seis años, una reforma constitucional que establece la creación en este país de una Defensoría de las Personas, informaron fuentes legislativas.

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(EFE)

El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, valoró la señal que da el parlamento frente a la vulneración de derechos que sufren las personas por parte de los organismos del Estado. EFE/Archivo

La nueva institución, aprobada por 104 votos a favor y sólo dos en contra, velará por el resguardo y la promoción de los derechos y deberes de las personas ante actos u omisiones de organismos estatales y de personas jurídicas privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública (concesionarias de servicios).

La iniciativa ingresó a tramitación el 4 de diciembre pasado, tras el rechazo de un proyecto anterior, que a su vez reemplazaba a otro, del año 2003, también rechazado, que creaba la figura del Defensor Ciudadano (Ombudsman).

Por tratarse de una reforma constitucional, se necesitaba un alto quórum, de tres quintos de los diputados en ejercicio, para ser aprobado, lo que esta vez se logró tras negociaciones entre el Gobierno y los parlamentarios de oposición.

El texto deberá ahora ser aprobado por el Senado, en segundo trámite, lo que se da por descontado en el marco de los acuerdos alcanzados en esas conversaciones.

La normativa define la Defensoría como un ente autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que tendrá a su cargo la promoción, protección y defensa de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y en las leyes del país.

La protección se otorgará respecto de actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen o ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.

La aprobación de esa ley es indispensable para que la reforma no se convierta en letra muerta, indicaron las fuentes.

Tras la votación, el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, valoró la señal que da el parlamento frente a la vulneración de derechos que sufren las personas por parte de los organismos del Estado y empresas que prestan servicios de utilidad pública o servicios básicos, como las sanitarias, electricidad, autopistas y otras.

"El Gobierno impulsó con mucha fuerza esta reforma constitucional, porque son muchas las personas que hoy requieren de una instancia que las defienda, con las atribuciones necesarias", señaló.

Por su parte, la presidenta de la privada Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, destacó que el parlamento "ha dado una señal importante" y valora por ello "a los diputados que actuaron en consecuencia a favor de los derechos de los ciudadanos, porque no se trata sólo de propiciarlos, sino que también de defenderlos".