Santiago de Chile.- El ex jefe de la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le apruebe su salida de prisión, donde cumple varias condenas por crímenes de lesa humanidad, informó hoy la prensa local.
Javier Gómez, abogado defensor de Contreras, anunció hoy que remitirá un correo electrónico a ese organismo a última hora de este domingo para solicitar la libertad inmediata del represor o la adopción de medidas cautelares, como el arresto domiciliario.
El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de 79 años, suma numerosas condenas, entre ellas dos cadenas perpetuas por los crímenes que cometió mientras estuvo al frente del organismo represor de la dictadura (1973-1990).
"Los derechos humanos no son monopolio de ningún sector político ni de un país, nos benefician a todos por el hecho de ser persona, y entre esas personas está Manuel Contreras", dijo Gómez a Radio Cooperativa.
En tanto, la secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, señaló a Radio Cooperativa que la petición de Manuel Contreras ante la CIDH es "una burla" para las víctimas de la dictadura militar.
"Es de una inmoralidad incalificable el que presente una demanda. Que el violador de derechos humanos más grande de nuestra historia recurra a una instancia que le corresponde a las víctimas del terrorismo de Estado me parece que es simplemente incalificable", manifestó.
El recurso judicial pretende además lograr la nulidad de todas las condenas que recaen en su contra y paralizar las más de 200 causas pendientes, informó el abogado a la edición digital del diario La Tercera.
Gómez agregó que la demanda se basa en la presunta vulneración de las garantías y derechos del represor y explicó que su objetivo no es lograr la "impunidad sino un juicio justo, que Manuel Contreras no ha tenido, por la desigualdad de condiciones ante la ley".
En su criterio, Contreras y otras 25.000 personas han sido condenadas en Chile por un procedimiento penal antiguo e inquisidor, que no respeta los derechos de los procesados.
Según Gómez, esto "se traduce en el absurdo de que esté condenado a más de 300 años y hasta ahora no han aparecido los secuestrados", en referencia a cautivos que según informes elaborados tras la dictadura fueron raptados y asesinados.
De acuerdo a esas cifras oficiales, unos 3.200 chilenos fueron ejecutados por agentes del Estado durante la dictadura militar, de los que 1.195 figuran como detenidos desaparecidos, ya que sus cuerpos fueron en muchos casos enterrados o lanzados al mar.
Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, consideró la petición como una "maniobra distractiva" y una "pataleta", y calificó a Contreras y a Augusto Pinochet como "los iniciadores de los feminicidios".
Añadió que Contreras "ha tenido todas las garantías que a todas las personas le entrega un Estado de Derecho democrático", y lo acusó de eludir a la Justicia pese a ser "uno de los que más responsabilidad tiene" en la desaparición de centenares de personas.
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