Barcelona.- El Gremio de Empresarios de Cines de Cataluña ha recrudecido hoy sus críticas al departamento de Cultura de la Generalitat en desacuerdo con el proyecto de la ley del Cine que obligará a que la mitad de las películas extranjeras proyectadas en cines de Cataluña estén dobladas o subtituladas en catalán.
El gremio ha criticado a través de un comunicado el proyecto de ley que ayer anunció el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, porque "los datos demuestran que, cuando una película se proyecta en castellano y en catalán a la vez, la distribución de la audiencia es, de promedio, del 78,2% en castellano y el 21,8% en catalán".
El gremio ha especificado que se trata de un problema de demanda del cine en catalán y no de oferta, y ha criticado que el gobierno catalán haya cargado el peso de la política lingüística en los distribuidores.
Además, el Gremio de Empresarios de Cine pone en cuestión los datos esgrimidos por la Generalitat para justificar la futura ley, que comparaban el consumo del catalán en prensa con el del cine.
Según los distribuidores, no se puede comparar la oferta y el consumo del cine en catalán con los de otras industrias culturales porque, si se calcula en proporción a la oferta y la demanda en castellano y catalán de cada sector, la mayoría están alrededor de un 20% en lengua catalana, y no el 50% como ahora se pretende en la exhibición cinematográfica.
El gremio ha añadido que esta medida perjudicaría económicamente a los distribuidores de cine, y ha recordado que el mercado ha caído un 27% en los últimos cuatro años.
El gremio también se ha pronunciado en contra de la forma en que Tresserras anunció la futura Ley del Cine, porque no hizo llegar el documento a los exhibidores antes de hacer pública su propuesta.
También se ha mostrado muy crítica con la iniciativa el presidente de la productora Filmax, Julio Fernández, que ha dicho que el proyecto de Ley de Cine impulsado por la Generalitat es "inoportuno" y "crea incertidumbre" en un sector económico "afectado por la crisis, la piratería, la revolución tecnológica y los cambios de hábitos".
En su opinión, la propuesta "abre un montón de interrogantes sin respuesta, como por ejemplo: ¿quién pagará el doblaje?, ¿quién pagará la publicidad de las versiones catalanas?, ¿quién pagará las copias?, ¿cómo recuperaremos el dinero que dejaremos de ganar por exhibir la película en catalán?".
Julio Fernández ha propuesto que se inicien conversaciones para elaborar un plan de ruta a 20 o 25 años vista, "porque éste tema no se puede solucionar de un día para otro".
Posiciones encontradas también han llegado desde FEDICINE, que representa al 90% de la distribución española y agrupa a los representantes españoles de las principales 'majors' norteamericanas, como Universal Pictures Internacional Spain y Walt Disney Studios.
El presidente de FEDICINE, Luis Hernández de Carlos, ha expresado hoy su frontal oposición al proyecto de Ley de Cine impulsado por la Generalitat y ha calificado de "inviable" la negociación.
En su opinión, "si aceptamos doblar al catalán, al día siguiente otros territorios reclamarán igual trato y en poco tiempo tendremos que traducir cada película a tres o cuatro lenguas", y eso, añade, "haría el negocio ingobernable y antieconómico" tanto en España como en otros territorios de Europa.
El vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, ha admitido hoy que "no será fácil" corregir la "injusticia" que representa la poca presencia del catalán en el cine en Cataluña, en donde el 90% de la oferta es en castellano, puesto que habrá que vencer "resistencias" empresariales y políticas.
El ministro de Cultura de Andorra, Juli Minoves, se ha posicionado también a favor del proyecto de Ley de Cine que impulsa la Generalitat y ha argumentado que con esta medida el país pirenaico podría ofrecer un mayor número de películas en catalán que en la actualidad.
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