Camioneros, taxistas, tenderos y demás autónomos: todos frente al Gobierno

MADRID.-  Hay millones de autónomos en el país, desde camioneros y taxistas a fontaneros, agentes comerciales, modistas o tenderos. Cerca de medio millón se encuentra al borde de la bancarrota. Se sienten estafados e indignados, y así lo han demostrado en la Asamblea General de la Federación de Autónomos (ATA). Nos comentan que cada mañana se levantan con la incertidumbre de si podrán o no continuar con sus negocios un día más. Su principal problema: la falta de liquidez, de la que culpan a la banca y al Gobierno. A la primera le recriminan el recorte del crédito, y, al segundo, que las medidas tomadas hasta ahora no han servido para aliviar esta carga, porque el dinero insuflado a las entidades financieras aún no les ha llegado.

(EFE)

El ministro Corbacho y presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor.

"Tenemos la sensación de que los bancos han arreglado bastante bien sus problemas, pero las empresas no lo hemos podido hacer", afirma categórico Josep González, presidente de Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana. Y estas palabras producen una gran ovación en el auditorio. "Hace seis meses que se recortó el crédito, y la inyección de liquidez a la banca no ha mejorado la situación. Es más, han aumentado el número de cierres y de concursos de acreedores", explica González.

A un paso del desaliento

El desánimo ha cundido ya en este colectivo y, según el presidente de Pimec, después llegará el desaliento, y de ahí al malestar hay un paso. Por eso exigen al Ejecutivo que tome cartas en el asunto. "Si las medidas aprobadas hasta ahora no empiezan a tener efecto, vamos a empezar a pensar que nos han engañado, o el Gobierno no es fuerte", sentencia González, y el asentimiento es unánime en la sala.

Cada uno tiene una historia distinta que contar, pero el problema de fondo es el mismo: necesitan liquidez. No importa si se trata de una pequeña tienda de ropa, de un pequeño negocio de fontanería, de transportistas, de taxistas, o de agentes comerciales. Tampoco importa si las dificultades económicas están provocadas por el impago de las administraciones públicas; o si la empresa en cuestión quiere crear empleo, es viable y tiene futuro. Todos ellos se quejan del "recorte brutal del crédito" que están sufriendo; y de que las entidades financieras no hacen diferencias, y han aumentado las garantías que les exigen, así como los costos. "En algunos casos se está llegando a aplicar un 9% en el descuento papel, una absoluta usura", clama González.

El director de autónomos de Banesto, Antonio Orejuela, confirma que es cierto que se han endurecido las condiciones de acceso al crédito, pero asegura que "los criterios de riesgo siguen siendo los mismos". Se estudia el plan de viabilidad, se tiene en cuenta la antigüedad del negocio, y también el sector en el que actúa. "Se financia sobre todo lo relacionado con el comercio exterior y la innovación, y por supuesto todo lo que sirva para generar empleo", asegura este directivo de banca, cuya división, creada en 2006, consiguió 30.000 nuevos clientes el año pasado, y sigue en la línea de incrementar esa cifra. "Queremos apoyar, queremos financiar, y lo estamos haciendo", asegura Orejuela.

Pero en el inmenso mar que conforman los bancos y cajas de ahorro españoles, los números 'cantan'; al menos para los autónomos. Según el presidente de Pimec, "las cifras del Banco de España demuestran un aumento del 7% en el crédito a las grandes empresas, frente a un descenso del 27% en el caso de las pymes".

La 'cartilla' de Corbacho

Por eso Josep González le ha leído la 'cartilla' al ministro de Trabajo. Aprovechando su presencia en el acto inaugural, y pese a que les une la tierra, el presidente de Pimec le dijo a Corbacho que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes y "se necesitan reformas de mayor calado". En su opinión, el Ejecutivo debería "establecer medidas que primen el trabajo"; y propone, por ejemplo, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, o la simplificación de los trámites administrativos.

Plantea también una "reforma urgente" de la Ley de Morosidad, empezando por la exigencia del pronto pago a las administraciones públicas, las más remolonas a la hora de 'aflojar el bolsillo'. El ejemplo a seguir: el francés —Sarkozy ha impuesto un plazo máximo de pago a proveedores de 45 días—.

Y ese tinte de urgencia impregna las palabras de cualquier autónomo cuando pide al Ejecutivo que actúe. Porque, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, "300.000 autónomos están en la cuerda floja y necesitan ayuda inminente, y 130.000 se han quedado en el camino y ni siquiera cobran el paro". El otro gran problema que aqueja a los autónomos: el cobro de la prestación por cese de actividad, por el que siguen peleando.