Dictan 120.000 euros de fianza para tres empresarios y 30.000 euros para un familiar

Vélez-Málaga (Málaga).-  La jueza que dirige el caso por presunta corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga) ha impuesto 120.000 euros de fianza para tres empresarios y 30.000 euros para el familiar de uno de ellos, que es a su vez apoderado de una empresa, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Los tres empresarios son Francisco Llamas, Manuel Tejada y José Manuel Rico, éste último de Huelva, que tienen un plazo de diez días hábiles para depositar la fianza de 120.000 euros dictada para cada uno, así como la prohibición para salir de España.

Además, la jueza ha dejado en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Luis Eduardo Crooke, que figura como apoderado y administrador de una empresa y es además yerno de Francisco Llamas.

Estos detenidos comparecieron ayer ante la jueza con la obligación de comparecer hoy en el juzgado para que les fueran notificadas las fianzas.

A Llamas y Crooke se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, mientras que Rico y Tejada están acusados de los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.

Durante la mañana, la instructora del caso ha tomado declaración al gestor inmobiliario Pedro José Grandfilf, que ha quedado en libertad con cargos y sin fianza, con la prohibición de salir del país.

Su abogado ha explicado a los periodistas que se le imputan un total de nueve delitos por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

Poco después, sobre las 11:55 horas, ha sido trasladado al Palacio de Justicia de Vélez-Málaga el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, que ha llegado a cara descubierta, a diferencia de otros detenidos puestos a disposición judicial anteriormente que se han tapado su rostro con diversas prendas.

Sobre las 14:00 horas ha concluido la comparecencia de Mora ante la jueza, según su letrado, José Carlos Aguilera, quien ha declarado a los periodistas que la instructora no tiene previsto tomar medidas respecto a su situación -y la del aparejador Francisco Lorca- hasta que concluya la declaración de todos los detenidos.

El abogado ha recordado el principio de presunción de inocencia y ha señalado que algunos de los delitos que se imputan a su cliente "pueden haber prescrito" por el tiempo transcurrido, al tiempo que ha recordado la responsabilidad de "quien debe velar por la ordenación urbanística".

Esta tarde se espera que la jueza cite a declarar al único de los detenidos que aún no ha comparecido, el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba (PSOE).

De los trece arrestados en esta operación el pasado viernes, tres quedaron en libertad durante el fin de semana tras declarar en el instituto armado: una de las hijas del alcalde de Alcaucín, la hija de un constructor y la secretaria del jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Otros seis detenidos declararon ayer ante la jueza, tras lo que quedaron en libertad, aunque imputados de diferentes delitos, entre ellos otra hija del alcalde, Sonia Martín Ruiz, que está acusada de un delito de blanqueo de capitales.

La denominada operación "Arcos" ha destapado una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña.