Ávila.- La Diputación de Ávila "seguirá insistiendo" ante la Junta de Castilla y León para solucionar la situación del medio centenar de residentes del Centro 'Infantas Elena y Cristina', dependiente de la institución provincial, al ocupar plazas privadas dentro de una residencia que es pública.
Así lo ha explicado el presidente de la Corporación, Agustín González, del PSOE, durante el pleno celebrado hoy y en el cual se debatió una moción planteada en este sentido por el grupo socialista.
Dicha moción, que instaba a la Diputación a solucionar "de inmediato" esta situación, fue rechazada con los votos en contra del PP, que cuenta con mayoría absoluta, la abstención de IU y el apoyo de los socialistas.
El portavoz del PP, Miguel Ángel Sánchez Caro, ha comentado en presencia de varios familiares de los afectados, que el 'Infantas Elena y Cristina' es un centro público que oferta un número determinado de plazas privadas.
Asimismo, ha anunciado su participación el próximo 10 de marzo en una reunión con la Gerencia de Servicios Sociales, donde estarán presentes "todas las Diputaciones" y en la que planteará esta situación.
En la propuesta realizada de los socialistas reclamaba que los mayores "paguen sólo lo que les corresponde según su baremo y dentro de los parámetros de la Ley de Dependencia".
Por su parte, Sánchez Caro ha asegurado que la Diputación actúa "conforme a la normativa", mientras que Blanco ha sostenido que en otras comunidades, como Castilla-La Mancha, se ha interpretado de otra forma, entendiendo que "no es una plaza pública".
La cuestión radica en que la Junta entiende que se trata de una plaza pública por estar en una residencia pública, aunque estos residentes abonen unos 1.500 euros al mes.
En este sentido, el PSOE reclamaba "otra interpretación", dado que si se pensase que se trata de una plaza privada estos mayores podrían optar a las ayudas de la Ley de Dependencia, normativa que establece, según ha recordado Sánchez Caro, que este tipo de ayudas no incluyen a quienes disfrutan de una plaza pública.
Tomás Blanco ha apuntado que si se tratase de una plaza privada los mayores tendrían derecho a una prestación económica, mientras que si es pública "no se les puede cobrar" lo estipulado en la ordenanza al efecto.
Además, ha anunciado su intención de solicitar un informe para conocer la situación "real" de estas plazas.
Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Tomé, ha dicho estar de acuerdo con el "espíritu" de la moción, aunque se ha abstenido en la, al considerar que podría generar problemas a los residentes, dado que optaron a una plaza de carácter privado y en el caso de transformarse a pública podrían perder este derecho, ya que las plazas públicas las gestiona la gerencia de Servicios Sociales.
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