Santa Cruz de Tenerife.- El Gobierno central y el Ejecutivo canario han alcanzado un acuerdo para modificar la Ley de la Policía Canaria que evitará un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado, anunció hoy el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano.
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano. EFE/Archivo
El acuerdo ha sido pactado en la comisión bilateral Canarias-Estado después de que el Gobierno central advirtiera de sus dudas sobre la constitucionalidad de diez artículos.
Finalmente, el Estado y Canarias han acordado que haya "modificaciones puntuales" en tres artículos que "no alteran la esencia de la ley de creación de la Policía Canaria".
Ruano señaló que con este acuerdo se garantiza la presencia de la Policía canaria en el esquema de seguridad pública del Archipiélago, dentro de un modelo integrado, de colaboración institucional y complementario con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que permitirá mejoras en las policías locales.
Tras este primer acuerdo, Ruano confió en que en el futuro se pueda alcanzar un pacto de financiación con el Estado para el despliegue de la Policía canaria en su segunda fase.
La primera fase del despliegue, financiada por la Comunidad Autónoma, se ha iniciado con la convocatoria de las oposiciones, a la que seguirá el ingreso en la academia de los policías en septiembre para que el año próximo estén en la calle los primeros cien efectivos.
La segunda fase se había programado para tres años, pero se tardará cuatro o cinco debido a la situación económica, dijo Ruano.
Confió en que el Estado se implique en la financiación de esa segunda fase porque "es imposible que el Estado cubra las vacantes estructurales" que se producen en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El objetivo es que en diez años haya 1.700 efectivos de la Policía Canaria.
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