Málaga.- La titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga, que dirige la operación contra la corrupción urbanística desarrollada en Alcaucín (Málaga), ha decidido ampliar el plazo de detención de las personas supuestamente implicadas en esta trama.
Fuentes próximas a la investigación han señalado a Efe que la jueza ha acordado prorrogar el plazo de 72 horas que marca la ley para todos los arrestados ante la imposibilidad de tomarles declaración durante esta jornada a las once personas que siguen detenidas.
El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), y otras dos personas, continúan en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, y al menos otros seis detenidos permanecen en el arresto municipal de Vélez-Málaga pendientes de su traslado al juzgado, según han confirmado distintas fuentes.
A lo largo del día se prevé que pasen a disposición judicial algunos de los detenidos en la denominada "operación Arcos", que ha destapado una trama que construía urbanizaciones y viviendas aisladas en la sierra de la Axarquía malagueña y posteriormente las legalizaba.
Durante el fin de semana han quedado en libertad dos de los trece detenidos en esta actuación, la secretaria de un responsable del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga y la hija de uno de los empresarios.
A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.
El pasado viernes, la Guardia Civil llevó a cabo diversos registros en domicilios, en el Ayuntamiento de Alcaucín y en la Diputación de Málaga.
La institución provincial se ha desvinculado del caso al ceñirlo a la actividad privada del responsable del servicio de Arquitectura detenido, al que se le ha abierto un expediente informativo, según anunció su presidente, Salvador Pendón.
El municipio de Alcaucín, que gobierna José Manuel Martín desde 1991, ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
Ante las críticas del PP, que ha acusado a la Junta de Andalucía de "descontrol urbanístico" y de "mirar para otro lado" en Alcaucín, el consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, recordó que el Gobierno andaluz ha tramitado 21 denuncias de particulares y ha impugnado 27 acuerdos del Ayuntamiento de este municipio, fundamentalmente por licencias "indebidas".
La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros, para lo que los empresarios supuestamente pagaban dinero o en especie a los cargos públicos, y después trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos.
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