Logroño.- La Fiscalía Superior de La Rioja ha decidido archivar las diligencias informativas que inició hace semanas para determinar si se habían producido delitos en la gestión del Club Deportivo Logroñés.
Manuel Torres, "Zeki" (3), y José Luis Vegar "José" (10), durante la sentada que los jugadores del Club Deportivo Logroñés realizaron en 2008 antes del inicio de un partido frente al Logroñés Club de Fútbol para protestar por los impagos de varios meses que acumula su club. EFE/Archivo
El Fiscal Superior de La Rioja, Juan Calparsoro, inició esta investigación después de que el Logroñés fuese excluido de la Liga de Tercera por incomparecencia.
Sus jugadores decidieron no jugar dos partidos tras no cobrar prácticamente desde el inicio de temporada y después de que el responsable del club, Javier Sánchez, les ofreciera cobrar con pagarés falsos y por medio de coches de lujo.
Hoy el fiscal ha hecho público un decreto en el que archiva sus diligencias y en el que considera que no está suficientemente acreditado que exista un delito societario en los últimos meses en el Logroñés.
De hecho, Calparsoro recuerda que la situación del club "de insolvencia total y evidente" es la misma que cuento llegaron al club Juan Hortelano -su penúltimo propietario- y Javier Sánchez -que lo compró al anterior-.
Recalca que desde que el bodeguero Marcos Eguizábal vendió el club, en 1996 -tras su último ascenso a Primera, de la mano de Juande Ramos- "han existido impagos e incumplimientos de obligaciones claros y evidentes" y esta situación "se ha acentuado con el paso de los años".
El fiscal sitúa la deuda del Logroñés en unos diez millones de euros, frente a lo que dice que el activo es "mínimo" y recuerda que los jugadores no han presentado ninguna denuncia judicial por los pagarés que recibieron.
"Independientemente de ello nadie, ni institución pública ni particular, tienen obligación legal de pagar con dinero propio las deudas y obligaciones de la sociedad anónima deportiva y sólo sus ingresos deben dedicarse a ese fin, el resto es voluntario", asegura el fiscal.
No obstante admite que dentro del procedimiento concursal del Logroñés que se lleva a cabo por un juzgado de Logroño y que probablemente terminará en su desaparición deben estudiarse "las eventuales responsabilidades de los administradores del club".
El escrito remitido por el Fiscal incluye las declaraciones que han prestado ante él responsables del Logroñés en diferentes épocas.
Así, Juan Hortelano le aseguró que se hizo cargo por primera vez del Logroñés, en 2003, después de que el presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, le prometiese ayuda, lo mismo que el alcalde de la ciudad -Julio Revuelta-, colaboración que no llegó a recibir.
También acusó ante el fiscal a PSOE y Partido riojano de usar a su equipo como "bandera electoral" y no darle apoyo una vez que llegaron al Consistorio de Logroño.
De igual manera, Javier Sánchez culpó al Ayuntamiento de no haber apoyado su proyecto para instalar placas solares en la cubierta del estadio de Las Gaunas, lo que, según él, hubiese permitido reflotar al Logroñés.
Del resto de declaraciones destacan datos como el de que Julio Jímenez asumió en su presidencia el pago de 1,2 millones de euros -el IVA de la construcción del campo de Las Gaunas- porque un asesor, Joan Lacueva, le aseguró que iba a vender el club a una empresa de Levante.
Y que él mismo culpó a Cajarioja de no emitir un aval que hubiese impedido el último descenso del club desde el fútbol profesional, de Segunda a Segunda B; además en su declaración vinculó la llegada de Hortelano al Logroñés con una operación inmobiliaria.
Fernando Villamor, otro de los responsables de la gestión del club, afirmó que Eguizábal dejó el Logroñés en 1996 con una deuda de más de 3 millones de euros, que pasó a ser de 15 en poco más de año y medio por la gestión del grupo de empresarios que compró el club.
José Angel Zalba -ex presidente del Zaragoza y gestor del Logroñés- relató que cuando José Luis Martín Berrocal dirigió el club él abonó una deuda para impedir el descenso del club por deudas con los jugadores; posteriormente una subvención municipal terminó en una de sus empresas para compensar el pago anterior, con el acuerdo de los interventores judiciales de la entidad.
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