Madrid.- Sancionadora y recaudatoria, así han definido hoy los dos portavoces de Medio Ambiente de la oposición, Pedro Santín (PSOE) y Raquel López (IU) la nueva Ordenanza de Limpieza que, gracias a la mayoría del PP, ha aprobado hoy el Pleno del Ayuntamiento frente a duras críticas de la oposición.
Decenas de vecinos del distrito Centro se manifiestan desde primera hora de la mañana en la Plaza de la Villa, donde está reunida la Corporación municipal, para expresar su oposición al Plan Parcial de reforma del ámbito que permitirá al Arzobispado levantar 5 edificios en este parque histórico de la Cornisa.
Santín ha subrayado que el único objetivo de la Ordenanza de Limpieza es "recaudar" y que por eso sube un "disparatado" 1.700 por cien las sanciones en todas las materias.
De este modo, ha recordado que el incremento de las sanciones por realizar "grafitis" pasa de 300 a 3.000 euros la infracción leve y puede llegar a 6.000 si existe reincidencia, que no recoger los excrementos de una mascota podría tener un coste de hasta 1.500 euros y rebuscar en papeleras y contenedores de hasta 750 euros.
En general, las infracciones leves pasan de 60 a 750 euros, más de 12 veces más; las graves de 90 a 1.500, casi 17 veces más, y las muy graves de 150 euros hasta 3.000 euros, 20 veces más, ha insistido.
El abandono de vehículos en la vía pública se tipifica por primera vez como infracción grave, con multa de hasta 6.000 euros, y el propietario deberá asumir los costes del traslado y estancia en el depósito municipal.
Además, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores de actos públicos que no tengan que ver con derechos constitucionales, como las manifestaciones, a depositar una fianza para responder de los costes derivados, en su caso, de los trabajos extraordinarios de limpieza que sean necesarios.
La portavoz de IU, Raquel López, ha denunciado que la ordenanza "trata a los madrileños como contribuyentes, no como ciudadanos" y que "su único objetivo es sacar dinero de donde sea, multándonos con 750 euros por regar las plantas o porque se nos caigan unas pipas".
López también ha considerado que en el Ayuntamiento "falta una mínima provisión de medios para garantizar el cumplimiento de esta ordenanza descabellada, para cuya ejecución haría falta un policía por cada contenedor"
La delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha explicado, por su parte, que con el régimen sancionador la ordenanza "trata de defender los derechos de la mayoría y de mutar a los que perturban los derechos de esa mayoría".
Sobre las sanciones -de hasta 750 euros- por buscar comida en los contenedores, Botella ha exclamado: "Me niego a vivir en una sociedad en la que yo tenga que aceptar que hay personas que van rebuscar en la basura para comer" y ha dicho que el Ayuntamiento tiene "la obligación de velar por las condiciones sanitarias de la ciudad".
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