Los municipios tendrán competencia para autorizar actividades clasificadas

Santa Cruz de Tenerife.-  El Gobierno de Canarias presentó hoy a la Federación Canaria de Municipios la reforma de la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos, que incluye dar a los ayuntamientos la responsabilidad exclusiva para calificar determinados negocios en este ámbito, en detrimento de los cabildos.

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(EFE)

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, se reunió hoy con el presidente de la Fecam, Lázaro Brito, para presentale el anteproyecto de modificación de la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, que se llevará a cabo para adaptarla a la llamada Directiva de Servicios o Bolkestein.

Así lo manifestó hoy en declaraciones a los periodistas el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, tras reunirse con representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a quienes explicó que se modifica la citada ley para adaptarla a la directiva de la Unión Europea sobre los servicios de mercado interior, conocida como directiva "Bolkenstein".

José Miguel Ruano precisó que la Viceconsejería de Administración Pública trabaja con los sectores implicados para modificar la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos, lo que además es consecuencia del cumplimiento del pacto por la competitividad y la calidad del turismo en Canarias 2008-2020.

Con estas modificaciones se pretende permitir que haya pluralidad de procedimientos en este ámbito, según el tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia actual de un único procedimiento, como establece la normativa vigente.

Además en la nueva ley se sustituye la exclusividad del régimen de autorizaciones por parte de los cabildos, de forma que "se establece la responsabilidad primera" en los ayuntamientos, explicó el consejero.

Actualmente las empresas afectadas por esta ley precisan para su instalación de un informe de los cabildos que puede demorarse durante un año, por lo que "la aspiración" del Gobierno regional es introducir "un planteamiento distinto" para una cuestión que puede estar resuelta en tres o cuatro meses.

Según el consejero, ello puede repercutir también en una mayor agilización de la actividad económica y de posibilitar que los ayuntamientos tengan una mayor responsabilidad en la decisión final en este ámbito.

A juicio del Gobierno regional, con este sistema "se consigue liberar de carga de trabajo" a las corporaciones locales" al tiempo que se agiliza la instalación y puesta en marcha de actividades económicas "con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis".

Los cabildos mantendrán esta competencia respecto a las actividades que el Gobierno considere que, por su relevancia, deben ser calificadas por un órgano de ámbito insular o en el caso de que los ayuntamientos afectados carezcan de medios suficientes para este cometido.

Además el nuevo texto "apuesta claramente" por un régimen de plazos cortos para tramitar el procedimiento, de forma que sea de tres meses con carácter general y de cinco cuando deba intervenir el Cabildo, así como un régimen generalizado de silencio positivo "automático".

En cuanto a los horarios, según señaló el consejero José Miguel Ruano, no se cambia "sustancialmente" el régimen en este ámbito respecto de la ley actual, que data de 1998.

No obstante, señaló que se establece que también sean los ayuntamientos los que deben verificar el cumplimiento de los horarios.

José Miguel Ruano indicó que de esta manera se pretende sustituir "un camino tortuoso" para aquellos emprendedores que pretenden establecer un pequeño negocio, como un bar o una panadería, y señaló que también se reunirá con la Federación Canaria de Islas y con las confederaciones de empresarios de las dos provincias para presentarles estas modificaciones.

El Gobierno quiere que estos colectivos presenten sus consideraciones en este asunto en un plazo de quince días para luego presentar el proyecto al Parlamento regional.