La violencia de género y el empleo, prioridades del plan que llegará a 35.315 extranjeros

Mérida.-  El II Plan de Inmigración de Extremadura prestará especial atención a la violencia de género y al empleo y, con una dotación de más de tres millones de euros en 2009, trabajará por la integración de los 35.315 extranjeros que residen en la región.

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(EFE)

La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio

La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, ha presentado hoy, junto a la directora general de Inclusión Social y Prestaciones, Concepción Cáceres, este nuevo plan, que regula las medidas para facilitar la incorporación de la población inmigrante y su aceptación por parte de los extremeños.

Tendrá una duración de cuatro años y, a través de él, se desarrollarán medidas en áreas como la acogida, la vivienda, los servicios sociales, la salud, la educación, la infancia y juventud, la sensibilización y la mujer.

Precisamente, la atención integral a la mujer inmigrante víctima de malos tratos será una de las principales áreas de actuación, teniendo en cuenta que el 32 por ciento de las mujeres que el año pasado hicieron uso de las casas de acogida de la región eran extranjeras.

Pero también el trabajo, dado que la población inmigrante registra una tasa de paro del 19,84 por ciento en Extremadura -frente a la 17,88% de la población extremeña- y debido a que "una de las principales causas de exclusión del colectivo inmigrante es la falta de empleo", ha explicado la directora general.

Cáceres ha destacado además que en este plan se ha introducido como novedad la posibilidad de revisarlo anualmente para adaptarlo a la realidad cambiante de la inmigración y, al igual que el anterior, volverá a programar talleres de formación específicos para la mujer -de los que año pasado se beneficiaron 71- y de refuerzo educativo para algunos de los 7.998 menores extranjeros.

Según ha precisado hoy la consejera, 44.801 personas inmigrantes se beneficiaron de las medidas puestas en marcha en el primer plan, que durante sus dos años de duración contó con un presupuesto de 7.585.916 euros.

Durante ese periodo se llevaron a cabo medidas de acogida y atención a las personas inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla; de información y asesoramiento jurídico; de control del absentismo escolar, y para la formación de mediadores interculturales.

Además se impartieron clases de castellano para inmigrantes y se desarrollaron programas de orientación laboral y de sensibilización en igualdad laboral, llegando a realizarse 81 contactos con empresarios y agricultores y cuatro asambleas para la difusión de campañas informativas sobre derechos laborales.

La contratación de ocho profesionales para trabajar en diferentes mancomunidades para dar apoyo a los servicios sociales y programas de prevención y educación para la salud fueron otras acciones del anterior plan.

Así como favorecer una imagen positiva de la inmigración mediante programas de promoción de la cultura de los países de origen y encuentros entre la población inmigrante y la autóctona.