Bogotá.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó hoy las escuchas telefónicas y el seguimiento del que han sido víctimas los magistrados de ese tribunal por parte del servicio estatal de inteligencia y reclamó un pronto resultado de las investigaciones.
El presidente de la CSJ, Francisco Javier Ricaurte, aseguró que las denuncias reveladas sobre el espionaje a varias personalidades colombianas, en su mayoría de la oposición, confirma las "reiteradas denuncias" que ha hecho esa corte en el último año.
"Tales comportamientos punibles constituyen una degradación del Estado de Derecho y un leve atentado contra la democracia y la libertad de opinión", dijo el magistrado.
La CSJ condenó "categóricamente" esas acciones y las calificó de "delictivas", al señalar que el espionaje a sus magistrados coarta la independencia del tribunal, entorpece el cumplimiento de sus funciones constitucionales, quebranta la libre expresión y el ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos.
Asimismo, reclamó al fiscal general, Mario Iguarán, "resultados con la mayor brevedad" sobre los autores y partícipes de las escuchas telefónicas e interceptación de correos electrónicos a opositores, periodistas, magistrados, miembros del Gobierno y de las Fuerzas Armadas.
Ricaurte dijo que, además de él, entre los magistrados que fueron víctimas del espionaje están César Julio Valencia, María del Rosario González y Sigifredo Espinosa, así como el auxiliar Iván Velázquez.
La CSJ puntualizó que esas reprochables conductas fueron realizadas con un "designio criminal" y agregó que erosionan la estabilidad y la esencia de las instituciones.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, negó hoy haber ordenado el espionaje telefónico a numerosas personalidades por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y planteó una reforma de esa institución por considerar que el escándalo pone en peligro la seguridad del Estado.
La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación iniciaron este fin de semana una investigación de lo ocurrido, lo que llevó al registro de las oficinas del DAS, organismo creado hace más de 50 años y que depende directamente de la Presidencia.
A causa del escándalo, el subdirector de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, dimitió ayer tras ocupar el cargo durante más de tres años y llevar a cabo diferentes tareas en el servicio de inteligencia en los últimos doce años.
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