El PP pide cárcel para Morales y Cañavate por malversación y no acusa al promotor

Granada.-  El PP pide cuatro años de cárcel y 24 de inhabilitación para el ex alcalde de Armilla José Antonio Morales y el ex concejal de Urbanismo por la presunta tramitación irregular del Nevada, de la que también responsabiliza a los cuatro ediles acusados pero no al resto de imputados, entre ellos el promotor.

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(EFE)

El alcalde de Armilla, José Antonio Morales (i), y su ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate (d), durante una entrevista. EFE/Archivo

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el PP se adhiere parcialmente a la calificación de la Fiscalía porque, a diferencia de ésta, no formula acusación contra cinco de los once imputados -el promotor del centro comercial, Tomás Olivo, dos arquitectos, un abogado y una letrada funcionaria de la Diputación-.

También porque a los dos delitos contra la ordenación del territorio y al de infidelidad en la custodia de documentos públicos que la Fiscalía atribuye al ex alcalde socialista y al ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, el PP añade el de malversación de caudales públicos, por el que solicita dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación que elevan la petición de pena para cada uno de ellos a cuatro años de prisión y 24 de inhabilitación.

El PP atribuye a ambos la presunta autoría de un delito de malversación porque "pueden haber lucrado al promotor al dar aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento con grave perjuicio para la causa pública".

Para los otros cuatro concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de licencia de obras del centro solicita ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, lo mismo que el Ministerio Público, a cuya petición de derribo del centro comercial se adhiere el PP.

El PP, que fue quien denunció los hechos que dieron lugar a esta causa, considera en su escrito que es "cuando menos sorprendente" que ni la Junta, ni el Ayuntamiento de Armilla ni la Diputación, de la que Cañavate era vicepresidente, hubiesen realizado "ninguna actuación de control efectivo sobre las numerosas ilegalidades urbanísticas" cometidas a su juicio, lo que les lleva a "sospechar que son todos los que están, pero no están todos los que son".

Como acusación particular, el PP se adhiere al relato de los hechos de la Fiscalía pero lo hace con dos matizaciones, una de ellas que el Ayuntamiento debe tenerse como "perjudicado directo" de las actuaciones presuntamente delictivas.

Y ello porque, de existir delito, es "innegable" que el consistorio "ha perdido ingresos en cuanto a licencia municipal de obras y respecto de una hipotética licencia de primera ocupación".

También habría perdido patrimonio municipal de suelo al haber recibido "menos cesiones", según el PP, que cree que Armilla ha quedado perjudicada por el hecho de que el centro tenga más volumen, ocupe zonas verdes o haya hecho desaparecer caminos públicos.

Según el PP, esos perjuicios se seguirían produciendo haya o no demolición total o parcial del centro -las obras están paralizadas- porque ya es "insubsanable" el hecho de que los viales hayan quedado más estrechos al haberse construido viviendas junto los mismos.

Por ello, pide el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento como parte perjudicada por los hechos objeto de querella.

La segunda matización que hace el PP es que en esta causa hay "perjudicados directos" cuyos intereses hay que preservar, máxime dadas sus "escasas posibilidades y su debilidad ante las poderosas maquinarias administrativas que han conculcado sus derechos" al permitirse que el Nevada tenga más altura u ocupe zonas verdes.

Entiende el PP que los poderes públicos deben proteger los intereses de los ciudadanos para evitar la "indeseable extensión a los vecinos" de los efectos de los delitos objeto de esta causa.

"El abuso de posición de los políticos acusados ha sido de tal envergadura que no han tenido ni tan siquiera la precaución de haber cumplido la legislación municipal que ellos mismos aprobaban", según el PP, que considera "incomprensible" que "dominando como dominan" el Ayuntamiento y siendo Morales miembro de la Comisión Provincial de Urbanismo no ejecutaran el proyecto dentro de la legalidad.