Palma.- El que fuera gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), Rafael Pons, cuando se llevó a cabo la construcción del metro de Palma, niega que se pagaran 1,3 millones por la asistencia técnica de la obra sin que mediara ningún contrato, tal como ha informado el Govern a la Fiscalía de Baleares.
Varios usuarios del Servicio Ferroviario de Mallorca (SFM) que une las poblaciones Palma - Inca - Sa Pobla (Mallorca) miran el tablón de anuncios. EFE/Archivo
Pons ha rechazado, en declaraciones a Efe, que en la pasada legislatura se pagara dicha cantidad "fuera de todo soporte contractual" como señaló ayer el director general de Movilidad, Antoni Verger, quien explicó que se pagó a la constructora de ingeniería responsable de fiscalizar la obra y llevar el control.
Ese pago es una de las presuntas irregularidades en pagos vinculados a la obra del metro de Palma, que la Conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio ha cifrado en un total de 3,8 millones de euros y ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Baleares para que investigue si se derivan responsabilidades penales de ello.
Pons ha explicado que la empresa que recibió dicho pago, Global BM Prointec, "fueron adjudicatarios de un concurso público e hicieron no solo el metro". Según el ex gerente de SFM también trabajaron en el soterramiento, tanto en el proyecto como en la asistencia a la dirección de obra, así como en el aparcamiento de Inca y en la supresión de varios pasos a nivel.
"Además se hizo un convenio específico para financiar la asistencia técnica a las obras del metro, que se supervisó por la Conselleria de (Economía y) Hacienda y las facturas correspondientes al metro estaban incluidas en él", ha afirmado.
Según Pons, dicha compañía efectuó y certificó su trabajo que fue firmado por la directora del contrato. "Yo pagué la relación de facturas correspondientes según se iba haciendo el trabajo, cada mes firmaba un montón", ha señalado Pons.
"Claro que había relación contractual y además dicen que es una asistencia técnica que no se hizo y es un despropósito porque claro que se hizo", ha afirmado.
Pons ha asegurado que el Govern está hablando de un gasto de 1,3 millones en asistencia técnica, cuando el propio Ejecutivo autonómico actual destina "2,5 cada año" para este fin.
"¿Qué obra están ejecutando que tenga envergadura para justificar 2,5 millones al año y 10 en cuatro años?", ha preguntado Pons.
Pons ha reiterado, que los otros 2,5 millones de presuntas irregularidades en pagos corresponden a certificaciones mensuales que deben cotejarse en la liquidación final de la obra que todavía no se ha efectuado, como ya explicó ayer en una rueda de prensa que dio junto a la ex consellera de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, Mabel Cabrer.
El ex gerente de SFM ha reiterado que en la liquidación de obra "es cuando se tienen que hacer las mediciones que van a misa y cuando se liquida la obra definitivamente".
"Hasta ese momento son certificaciones mensuales de obra que sirven para ir pagando proveedores, subcontratistas y a los trabajadores que están allí, y al final, como son a buena cuenta, se cogen todas las certificaciones pagadas, se repasan, se hacen las mediciones definitivas y se paga la diferencia", ha explicado.
Según Pons, "puede ser que en una partida sea de menos y en otra partida sea de más" y ese procedimiento se sigue en todas las obras públicas por parte de los técnicos y en él no intervienen si quiera los cargos políticos.
"En todas las administraciones y las obras públicas, los directores de obra tienen incluso un margen del 10 por ciento respecto a la adjudicado", ha indicado Pons, en relación a que los 2,5 millones de presunta desviación no llegan a dicho 10 por ciento del total de la obra del metro.
El ex gerente de SFM ha calificado de "una forma muy sucia de hacer política" la denuncia formulada por la Conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio.
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