Zaragoza.- El abogado Marcos García Montes, que representa al guarda forestal y ganadero Santiago Mainar, único imputado por el crimen del alcalde de Fago (Huesca), Miguel Grima, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional al ver rechazados sus recursos contra el procedimiento seguido en el caso.
El abogado Marcos García Montes, que representa al guarda forestal y ganadero Santiago Mainar (en una imagen de archivo), único imputado por el crimen del alcalde de Fago (Huesca), Miguel Grima, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional al ver rechazados sus recursos contra el procedimiento seguido en el caso.
García Montes fundamenta su petición ante la denegación por parte de la Audiencia Provincial de Huesca de modificar el procedimiento del juzgado número 2 de Jaca, que instruye el caso, al ratificar que el juicio se celebre ante un jurado profesional y no popular como demandó el letrado del ganadero.
El pasado día 4 de febrero se conoció que el juez de Jaca había rechazado dos recursos presentados por la defensa de Mainar, con lo que se da vía libre para fijar la vista de este juicio, que, según algunas fuentes jurídicas, se podría celebrar después del verano en la Audiencia de Huesca.
García Montes había presentado recursos contra la decisión del titular del juzgado de Jaca de mantener el procesamiento de Mainar como único imputado y de prorrogar su estancia en la cárcel de Zuera (Zaragoza), donde se encuentra desde hace dos años.
El juez desestimó el recurso contra la prórroga de la prisión preventiva, que le fue comunicada a Mainar el pasado 8 de enero, ya que considera que hay riesgo de fuga e indicios racionales de criminalidad.
El alcalde de Fago, Manuel Grima, fue asesinado en la carretera de Majones con un disparo de postas realizado con una escopeta de caza la noche del 12 de enero de 2007, cuando regresaba a su casa y tuvo que apearse del vehículo que conducía para apartar unas piedras colocadas en la calzada.
El fiscal solicita 20 años de prisión para Mainar por homicidio y tenencia ilícita de armas, lo mismo que pide la familia de la víctima, mientras que la acción popular del PP (formación por la que Grima concurrió a las elecciones) eleva su petición a 26 años al entender que también existe el delito de atentado contra cargo público.
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