Lima.- Las empresas privadas han paralizado la mitad de los proyectos mineros previstos en Perú entre 2008 y 2010 por la caída del precio de los minerales en el contexto de la crisis financiera mundial, aseguraron hoy fuentes no gubernamentales.
El principal gremio minero de Perú informó la semana pasada de que 6.200 trabajadores del sector han sido despedidos desde noviembre de 2008. EFE/Archivo
"El impacto de la crisis internacional está golpeando severamente en las empresas que explotan metales básicos, y están revaluando sus planes y programas de inversión", aseguró hoy José De Echave responsable del Programa de Minería y Comunidades de la Ong CooperAcción.
Varios centros mineros han anunciado la suspensión temporal de sus operaciones, vacaciones forzadas para sus trabajadores, y la reducción de sus niveles de producción, motivo por el cual también se estima que la contribución o canon que recibirán los municipios por la extracción de los recursos será menor en 2009.
Además, el principal gremio minero de Perú informó la semana pasada de que 6.200 trabajadores del sector han sido despedidos desde noviembre de 2008.
Para Echave, estos despidos masivos son injustificados, ya que "en los últimos cuatro años el sector minero ha estado obteniendo sobre-ganancias" y subrayó que "las empresas se amparan en la crisis para bajar los estándares sociales y ambientales".
Por su parte, el representante de la Ong Grufides, Marco Arana, alertó de que, mientras los informes sobre el impacto medioambiental de la extracción de metales cada vez son menos rigurosos, el 50 por ciento de las zonas contaminadas en el país se debe a la actividad minera.
"Se está produciendo un gran retroceso en la gestión del impacto ambiental producido por la actividad minera en Perú", resaltó hoy Arana y añadió una serie de normas aprobadas por el Ejecutivo la semana pasada que afectan negativamente a la calidad de estos estudios.
Señaló que el Gobierno ha reducido los plazos establecidos para comprobar la credibilidad de los estudios medioambientales presentados (desde 40 a 25 días), por lo que "se ha limitado la participación ciudadana en la verificación de los mismos".
"Estos documentos son muy importantes porque establecen las obligaciones y compromisos que deben tener las empresas de cara al medio ambiente", concluyó el representante de Grufides.
Arana también señaló que las mineras pagan a otras empresas -contratadas por el Ministerio de Energía y Minas- para que realicen los estudios ambientales y, por tanto, son realizados por personas con intereses económicos en el sector.
La minería representa más del 40 por ciento del PIB y la recaudación tributaria del sector minero disminuyó en 16 por ciento en 2008 respecto a 2007, de acuerdo a datos oficiales.
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