Madrid.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará hoy un pleno extraordinario, en el que fijará su postura respecto a si los jueces tienen o no derecho de huelga y si corresponde al órgano de gobierno de los jueces establecer los servicios mínimos para el paro previsto para el 18 de febrero.
El ministro español de Justicia, Mario Fernandez Bermejo. EFE/Archivo
En la sesión plenaria, que comenzará a las cinco de la tarde, los vocales estudiarán dos informes técnicos encargados por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, que concluyen que este órgano no puede declarar legal o ilegal la huelga.
Uno de ellos, elaborado por el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez, y al que ha tenido acceso Efe, señala que ante la ausencia de una norma legal corresponde al Tribunal Constitucional (TC) evaluar si los jueces tienen o no derecho de huelga.
El informe se refiere a los problemas "de toda índole" que provoca la "deficiente regulación normativa" sobre este asunto y concluye que ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) está previsto dentro de las competencias del Consejo la calificación, regulación, limitación ni control del ejercicio del derecho fundamental de huelga.
También señala que si se centran en la consecuencia práctica de la huelga, la ausencia deliberada al puesto de trabajo, "tampoco podríamos advertir la concurrencia de una infracción disciplinaria, al ser en este ámbito la mínima previsión como falta la ausencia injustificada y continuada a la sede del órgano judicial por más de un día natural (falta leve del artículo 419.4 de la LOPJ)".
El Consejo ha decidido celebrar este pleno después de que dos asambleas de jueces, la de Las Palmas y Tarragona, se hayan dirigido a este órgano para comunicarles la decisión adoptada de proceder a la convocatoria de una jornada de huelga.
En el escrito de la asamblea de Las Palmas se establecen los servicios mínimos a respetar en el día de la huelga "para el caso de que las autoridades correspondientes no lo establecieren".
También se nombra a los integrantes del comité de huelga, al igual que lo hacen los jueces de Tarragona en su escrito remitido al CGPJ.
Esas mismas asambleas, más la de Teruel, se han dirigido al Ministerio de Justicia con el mismo objeto, pero el ministro Mariano Fernández Bermejo ya ha dicho que su departamento no es el "empresario" de los jueces y que quien tiene que dar respuesta a sus convocatorias de huelga es el CGPJ.
Dos de las cuatro asociaciones judiciales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), se han desmarcado de la acción conjunta consensuada con las otras dos asociaciones y también han convocado una huelga de 24 horas para dicho día.
El pasado viernes sus representantes entregaron en el registro del CGPJ el preaviso de la convocatoria de la huelga, en el que señalan que este órgano debe fijar los servicios mínimos imprescindibles para atender debidamente a los ciudadanos durante el día de huelga.
No obstante, enumeran las materias en las que tienen que establecerse dichos servicios mínimos: en las actuaciones del servicio de guardia, las causas con preso o detenidos puestos a disposición judicial, en los juicios con jurado y en el resto de actuaciones de cualquier orden jurisdiccional calificadas como urgentes.
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