Las entidades ecuatorianas se movilizan en demanda de ayudas para las hipotecas

Barcelona.-  La Coordinadora Nacional de Entidades Ecuatorianas (CONADEE) ha anunciado próximas movilizaciones para denunciar la situación "desesperada" en la que se encuentran las familias que no pueden pagar las hipotecas y pedir "soluciones reales" al Gobierno, según ha informado la citada organización.

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(EFE)

La Coordinadora Nacional de Entidades Ecuatorianas (CONADEE) ha anunciado próximas movilizaciones para denunciar la situación "desesperada" en la que se encuentran las familias que no pueden pagar las hipotecas y pedir "soluciones reales" al Gobierno, según ha informado la citada organización.

La asociación que agrupa a inmigrantes ecuatorianos ha organizado estas últimas semanas varias asambleas en Barcelona, Madrid, Valencia, Almería, Murcia y Navarra para preparar las movilizaciones que pretenden llevar a cabo en todas estas localidades a finales de este mes, según John Angulo, de la CONADEE en Cataluña.

Asimismo, en Barcelona y Madrid se han celebrado reuniones abiertas, en las que los afectados han tenido la oportunidad de expresar sus dudas y preocupaciones ante un asesor legal.

"La gente está desesperada", ha insistido John Angulo, que ha recordado que "en la última reunión había gente que ya había recibido la carta que les anunciaba que debían abandonar la casa".

A la reunión celebrada en Barcelona la semana pasada acudieron inmigrantes ecuatorianos, colombianos, bolivianos y dominicanos, así como varios españoles, ya que "el problema no afecta sólo a los ecuatorianos y nuestra intención es aglutinar al máximo de asociaciones y personas afectadas", según Angulo.

La portavoz de CONADEE en Madrid, Aida Quinatoa, ha señalado que las medidas anunciadas hasta ahora por el Gobierno "son insuficientes" y ha pedido "moratorias para el pago de la hipoteca de todas las unidades familiares que no puedan pagar, al margen de la cantidad endeudada".

La moratoria aprobada por el Gobierno sólo afecta a aquellos que la subscribieron antes del 1 de septiembre de 2008 con un importe inicial inferior a los 170.000 euros.

En su opinión, esta medida deja fuera a muchos afectados, por lo que ha solicitado que "se establezcan una cuota del 30 por ciento de los ingresos familiares para todas las unidades familiares que han visto reducidos sus ingresos a consecuencia de la crisis y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca".

Asimismo, CONADEE ha pedido una "auditoría social al mercado hipotecario" porque, en su opinión, "las empresas inmobiliarias y los bancos han cometido multitud de fraudes".

Según Aida Quinatoa, en los años previos a la crisis, los bancos y empresas inmobiliarias dieron "todo tipo de facilidades de compra" y, en ocasiones, "se saltaron la ley para vender pisos".

"Utilizaron sistemas perversos para eludir los controles de riesgo, como avalistas recíprocos conocidos y desconocidos, compras cruzadas proindiviso, información sesgada y parcial acerca del funcionamiento hipotecario y un largo etcétera", según Quinatoa

Además, "en las condiciones del crédito no se tomó en cuenta que las cuotas de la hipoteca sobrepasaba en muchos casos el 40% de sus ingresos de los hipotecados, que es una norma en España".

"El precio de cada uno de los pisos -según Quinatoa- fue establecido mediante tasación por personal profesional especialista en el tema y en base de esta valoración contratamos la hipoteca. Pero al cabo del tiempo nos dimos cuenta de que las casas que nos vendieron no valían lo que decían valer. Es decir se produjo una sobrevaloración de los pisos".

Este hecho ha provocado que "ahora haya personas amenazadas con perder su casa, que cuando estén en la calle tendrán que seguir pagando la deuda, porque el precio de tasación actual es inferior a la deuda", según Angulo.

Entre los afectados también hay avaladores, que se han visto obligados a hacer frente al pago de los plazos que los propietarios no pueden asumir.