Nueva York.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Human Rights Watch (HRW) objetaron las acusaciones de afinidad con las FARC formuladas por el Gobierno colombiano contra el periodista Hollman Morris y subrayaron que no solo ponen en riesgo su vida, sino la libertad de prensa.
Añaden que la Fiscalía General ha anunciado una investigación penal contra Hollman Morris, a petición del Gobierno y de la Policía Nacional, por supuestos vínculos con el terrorismo. EFE/Archivo
En una carta dirigida al mandatario colombiano, Álvaro Uribe, de la que se hace eco el CPJ en su página web, ambas organizaciones recuerdan que tanto él como otros altos funcionarios de ese país han vinculado al periodista con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de que estas dejaran el domingo en libertad a cuatro secuestrados.
"Estas serias imputaciones ponen en peligro la vida del periodista y ponen en riesgo la libertad de prensa de su país", manifiestan en su misiva.
Diversos medios informativos colombianos e internacionales señalaron tras la liberación de los cautivos que el periodista colombiano, productor del programa de investigación "Contravía" en Canal Uno y corresponsal de Radio Francia Internacional, había sido detenido por el Ejército colombiano en relación a la cobertura que hizo de la operación de rescate.
Morris ha explicado a ambas organizaciones que no tenía planeado estar presente durante la operación de entrega de tres policías y un militar secuestrados en 2007, el pasado domingo.
Según el periodista, viajó al sudeste de Colombia diez días antes del operativo para entrevistar a líderes de las FARC como parte de un documental, cuando miembros de ese grupo guerrillero le ofrecieron a él y al periodista Camilo Raigozo del semanario comunista Voz entrevistar a los secuestrados.
Morris afirmó que se reunió con los tres policías y el soldado antes de ser liberados aunque, tras constatar que habían sido coaccionados en sus respuestas, decidió sólo preguntarles los nombres y el tiempo que estuvieron en cautiverio y no publicar sus testimonios, según relata la misiva.
Las organizaciones recuerdan algunas declaraciones recientes del vicepresidente colombiano, Francisco Santos, y del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en las que sugirieron que las acciones del periodista constituían "una apología a la violencia" y que Morris era "afín a las FARC".
Añaden que la Fiscalía General ha anunciado una investigación penal contra Morris, a petición del Gobierno y de la Policía Nacional, por supuestos vínculos con el terrorismo.
"No conocemos evidencia alguna que vincule a Morris con las FARC y exhortamos a su gobierno a explicar públicamente cuáles son los fundamentos de su investigación o que la desestime por completo", señalan las organizaciones.
Recuerdan al presidente Uribe que ha declarado públicamente que, si bien no le gusta a su gobierno que los medios entrevisten a las guerrillas o a los paramilitares, respeta el derecho a hacerlo.
Agregan que, durante una reunión en marzo de 2006 con una delegación del CPJ, Uribe enfatizó que cualquier funcionario que interfiera con el trabajo de la prensa "estaría cometiendo un crimen contra la democracia, y eso es gravísimo".
HRW y el CPJ manifiestan que las recientes acusaciones de Uribe y otros altos funcionarios contra Morris "socavan su compromiso con la libertad de expresión" y recuerdan que comentarios oficiales que vincularon a periodistas con cualquiera de las partes implicadas en el conflicto armado en ese país han suscitado amenazas contra los informadores e incluso les han llevado a abandonar el país.
"Le instamos a que, como presidente de la República, retracte sus comentarios recientes, respete el disenso y se abstenga de acusar a miembros de la prensa de tener vínculos con actores armados sin tener evidencia alguna", señalan las organizaciones en su carta.
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