El abogado afirma que el alcalde de Arona dice en una grabación que el PGO se hizo con presión empresarial

Santa Cruz de Tenerife.-  El abogado Felipe Campos pedirá la disolución del Ayuntamiento tinerfeño de Arona, a su juicio el que incurre en el mayor supuesto de corrupción de España y cuyo alcalde, José Alberto González Reverón, reconoce, según el letrado, en una grabación que modificó el urbanismo "bajo presión de empresarios".

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(EFE)

El alcalde de Arona, José Alberto González Reverón. EFE/Archivo

Así lo manifestó el letrado en una rueda de prensa en la que aseveró que esta grabación, que fue realizada por un grupo de vecinos durante una reunión con González Reverón en la Alcaldía y en su opinión, constituye un hecho "de gravedad extrema" que se añade a la presunta prevaricación denunciada por Campos en relación con el llamado "caso Arona".

El abogado recordó que este caso surge tras la concesión "sistemática" de licencias con presuntas irregularidades a partir de 2004, y precisó que el Ayuntamiento de Arona aprobó dos años después su nuevo Plan General de Ordenación (PGO), que en parte revisa actualmente la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC).

Campos detalló que en noviembre de 2008 el redactor del PGO, Jorge Coderch, afirmó en un periódico local que había elaborado el documento "de forma irregular" siguiendo las indicaciones de los miembros del grupo de gobierno de la corporación municipal.

Ello motivó que un grupo de vecinos de Arona solicitase una reunión con el alcalde, José Alberto González Reverón, en una conversación que fue grabada y en la que, según el abogado, éste reconoce que a partir de 2006 nadie le ha dicho al redactor del plan "pon esto aquí o mete terreno allí", lo que implica que anteriormente "sí lo hacía".

En la grabación, según Campos, los vecinos preguntan al alcalde por si es cierto que hay unas 172 irregularidades urbanísticas en el municipio, a lo que al parecer éste responde "que de esas hay unas 200".

Felipe Campos informó de que remitirá esta grabación al juez que instruye el caso, Nelson Díaz Frias, a quien también solicitará que dicte la anulación cautelar de 52 nuevas licencias que en su opinión ha concedido el Ayuntamiento de Arona hasta diciembre de 2008 en zonas de dominio público y que afectan en parte a los asuntos que cuestiona la justicia, como el plan parcial de Las Galletas.

Para el abogado, el Ayuntamiento de Arona actúa "con un absoluto descaro", prescinde de los informes jurídicos correspondientes, el alcalde ha destituido a la jurista municipal y actúa "como si el Estado de Derecho le importase un pito, porque se considera por encima de la ley".

También cuestionó cómo puede la COTMAC plantearse "siquiera" dar por bueno el PGO de Arona, un municipio que "no se merece" regular la ordenación por un documento "que en sí mismo es prevaricador".

"Hay una ilegalidad sistemática y una falta absoluta de respeto a la ley" en Arona y su Ayuntamiento debe ser disuelto como el de Marbella, añadió Felipe Campos, quien dijo que como el alcalde no va dimitir ni su partido, Coalición Canaria, se lo va a pedir, deberá actuar la justicia.

Por ello anunció que este mes viajará a Madrid para pedir el respaldo de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados que pidan al Consejo de Ministros la disolución del citado Ayuntamiento.

Afirmó que para este asunto cuenta con el apoyo de Izquierda Unida y pedirá el respaldo al PSOE porque se trata, agregó, de un "auténtico desastre de legalidad, con pelotazos millonarios en la recalificación de suelo público"

Además la situación es políticamente "demoledora" y el PGO es "una auténtica atrocidad" legal porque se ha llegado "a la degeneración más absoluta" en un Ayuntamiento "regido por la ilegalidad", según Felipe Campos.