El PP promoverá un acuerdo entre partidos para evitar que se confisquen bienes

Santander.-  El PP ha anunciado hoy que va a promover un acuerdo entre partidos para evitar la "confiscación" de propiedades prevista en la Ley de Costas y ha pedido al Gobierno central que "diga la verdad" y aclare cómo va a actuar frente a una norma que genera un "grave problema social y económico".

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(EFE)

El presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego. EFE/Archivo

El presidente del PP, Ignacio Diego, ha anunciado en rueda de prensa que su partido va a presentar una iniciativa en el Parlamento de Cantabria para buscar una solución para los afectados por la Ley de Costas que quiere consensuar con el PRC y el PSOE.

Iniciativas similares se presentarán en todos los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados.

Diego ha hecho este anuncio acompañado por el diputado del PP, Carlos Floriano, con motivo de la reunión que han mantenido en Santander con la Asociación Cántabra de Afectados por esta ley junto al parlamentario José Joaquín Martínez Sieso.

Floriano, portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, ha anunciado, además, que su grupo parlamentario va a solicitar la comparecencia de la directora general de Costas, Alicia Paz, para que explique "por dónde piensa caminar el Gobierno".

Esta solicitud se produce tras la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno a través de una modificación de la Ley de Navegación Marítima, para que los propietarios de viviendas construidas dentro del dominio público marítimo terrestre puedan traspasar la concesión.

Floriano ha opinado que esta modificación es "un pegote" que no soluciona el problema y que se ha hecho de forma "torticera", por la "puerta de atrás", al tiempo que ha afirmado que refleja la forma de actuar de la ministra Elena Espinosa.

Y ha explicado que su grupo parlamentario es partidario de buscar un consenso con todas las fuerzas políticas y de intentar llegar a un acuerdo para solucionar el problemas de los propietarios que actuaron de "buena fe", a los que, a su juicio, no se puede meter "en el mismo saco" de los que compraron a sabiendas de que el bien estaba afectado por la Ley.

Según Floriano, el PP está abierto a todas las posibles soluciones, como el pago de un justiprecio, pero tiene claro que lo que no cabe es "la confiscación".

Floriano ha subrayado que la aplicación de la Ley de Costas aprobada en 1988 supone un "problema social", porque muchos ciudadanos perderán su vivienda, pero también económico, ya que sobre el dominio público marítimo terrestre se asientan polígonos industriales, empresas y explotaciones agrícolas ganaderos.

Las diez comunidades autónomas con litoral están afectadas por esta ley, si bien en la costa del Cantábrico y el Atlántico la mayoría de las propiedades son empresas o explotaciones ligadas al sector Primario, mientras que las urbanizaciones a pie de playa se concentran en el levante, ha explicado el diputado.

El parlamentario del PP ha subrayado que su partido comparte el carácter público del litoral y la necesidad de preservarlo, pero también opina que hay que respetar los derechos de las personas que compraron una propiedad "de buena fe", antes de 1988, y ahora se han encontrado que "no tienen nada", ha dicho.