Luz verde al Consejo de Garantías aunque se incumple el plazo del Estatut

Barcelona.-  El Parlamento catalán ha aprobado hoy la ley de creación del Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo que llevaba en tramitación desde 2007 y cuya puesta en marcha se ha demorado tanto que ha incumplido el plazo previsto en el nuevo Estatut para su constitución.

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(EFE)

El Parlamento catalán ha aprobado hoy la ley de creación del Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo que llevaba en tramitación desde 2007 y cuya puesta en marcha se ha demorado tanto que ha incumplido el plazo previsto en el nuevo Estatut para su constitución. EFE/Archivo

Este ente sustituye al actual Consejo Consultivo y su principal novedad es que, a diferencia de su antecesor, emitirá informes vinculantes cuando se pronuncie sobre leyes que afecten a los derechos y deberes de los catalanes.

La ley ha salido adelante con el aval de PSC, ERC e ICV-EUiA y el voto en contra del PPC y Ciudadanos, que han alertado de que estos dictámenes "limitan el poder político" del Parlament y de que se impide que formen parte del organismo los profesionales liberales, según los diputados Jordi Montanya (PPC) y Albert Rivera (C's).

Por su parte, el diputado de CiU Francesc Homs ha justificado la abstención de su grupo por su oposición al régimen de incompatibilidades previsto en la ley y se ha quejado de la falta de consenso de los grupos de la mayoría, aunque ha dicho que su grupo no podía votar contra una ley que se siente "como propia".

El Consejo de Garantías Estatutarias contará con nueve miembros, seis de los cuales lo serán a propuesta del Parlament, por un acuerdo de tres quintas partes de los diputados, y los tres restantes a propuesta del Govern, uno de ellos designado a partir de una terna propuesta por el Consejo de Gobiernos Locales.

Los miembros del Consejo serán elegidos por un mandato máximo de nueve años, aunque el presidente, el vicepresidente y el secretario del Consejo sólo podrán permanecer seis años en el cargo.

Ejercer un alto cargo, participar en órganos consultivos o asesores, formar parte de la carrera judicial, fiscal y militar, o bien formar parte de partidos políticos o sindicatos son algunas de las incompatibilidades que tendrán sus miembros.

La ley del Consejo de Garantías Estatutarias ha tenido una larga tramitación, que se inició formalmente el 15 de mayo de 2007, cuando el Govern aprobó un proyecto de ley sobre este asunto.

Dos semanas después el proyecto llegó al Parlament y el 19 de junio de 2007 los grupos parlamentarios acordaron constituir una ponencia para "elaborar en el plazo de tres meses el texto de la proposición de ley".

Sin embargo, las discrepancias sobre su número de miembros, la falta de reuniones de la ponencia y otras cuestiones demoraron muchísimo el texto, que los grupos del Govern y los de la oposición han sido incapaces de consensuar durante este tiempo.

De hecho, el Govern y los grupos parlamentarios han incumplido el nuevo Estatut al demorar más allá del plazo legal de dos años -fijado en esta ley orgánica- la creación del Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo que debía ser fundamental para la adaptación de las normativas autonómicas al actual Estatut.

El Consejo de Garantías Estatutarias tenía asignada la misión inicial de dictaminar, en el plazo de dos años desde que entró en vigor el Estatut -el 9 de agosto de 2006-, sobre la compatibilidad de éste con las leyes anteriores a su existencia.

La disposición transitoria primera del Estatut daba la posibilidad a los grupos parlamentarios, a la Generalitat y al Síndic de Greuges de pedir con este fin un dictamen en ese plazo.

Por su parte, la diputada del PSC Lídia Santos ha admitido que la tramitación de la ley ha sido "demasiado larga", y ha replicado a la oposición que el régimen de incompatibilidades de los miembros del organismo no excluye a profesionales liberales, pero sí les obliga a establecer prioridades en su actividad profesional.

Ha añadido también que el Consejo de Garantías Estatutarias no suplanta al Tribunal Constitucional, y ha aclarado que se ha suprimido un artículo de la ley, el 30, para garantizar que no se invaden funciones del Alto Tribunal.

Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Simó, ha justificado el régimen de incompatibilidades previsto en la ley para evitar "conflictos de intereses", mientras que el presidente del grupo de ICV-EUiA, Jaume Bosch, ha enmarcado la aprobación de esta ley, con 69 votos a favor, 17 en contra y 46 abstenciones, en la renovación de la arquitectura institucional de Cataluña.