Aralar asegura que seguirá "hasta el final" en el caso de corrupción "Galipienzo"

Pamplona.-  Aralar, acusación popular en el denominado "caso Galipienzo", considera "lógico" que un juzgado de lo penal se haga cargo del mismo, según su coordinador general, Patxi Zabaleta, quien ha asegurado que van a seguir "hasta el final", porque es su "obligación" luchar contra la corrupción.

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(EFE)

El coodinador general de Aralar, Patxi Zabaleta (d), junto al vicecoordinador de la formación, Jon Abril (c), y la parlamentaria Antzane Ezenarro (i), el pasado mes de septiembre. EFE/Archivo

La renuncia de una de las acusaciones y la retirada parcial de otra ha llevado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a determinar que "ninguno de los delitos imputados al resto de acusados alcanzan las penas tanto de prisión como de inhabilitación que delimitan" su competencia para el enjuiciamiento de este caso en detrimento de los Juzgados de lo Penal.

Aralar coincide en este planteamiento y considera "competentes" a los Juzgados de lo Penal, según han explicado hoy en conferencia de prensa los dirigentes de esta formación, Patxi Zabaleta y Txentxo Jiménez, y el abogado que lleva el caso, Andrés Percaz.

Percaz ha recordado que Aralar mantiene la acusación contra siete imputados y ha explicado que, mientras otros les acusan de "negociación prohibida a funcionarios", ellos entienden que "existe un delito de cohecho por el que el entonces alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo, dicta a sabiendas una licencia que no debía dictar para construir un apartahotel sobre una parcela destinada a usos escolares y, además, percibe dinero, una comisión que está documentada con facturas".

Además, ha precisado, que la "diferencia fundamental" con el resto de acusaciones es que Aralar acusa a los "corrompedores", a quienes corrompen a las autoridades, que en este caso son "aquellos empresarios navarros y de fuera de Navarra que tenían interés en esa construcción".

Ha añadido además que mientras las otras acusaciones se centran en que "la irregularidad habría estado en permitir la construcción de un apartahotel en una parcela de usos escolares", en la causa se recogen actas de la empresa compradora en las que dicen que van a edificar 188 apartamentos, de 2 y 3 habitaciones, sobre los que, entre otras cuestiones, "hay que decidir cuáles se van a vender a particulares para su uso y cuáles a inversionistas para que las alquilen".

En ese acta de enero de 2003 "hablan de invertir 2.500 millones de pesetas", según Percaz, quien ha indicado que en aquel momento un promotor obtenía una media de beneficios por ese tipo de viviendas de entre 10 y 15 millones de pesetas, por lo que "en un año iban a obtener unos 2.000 millones de pesetas y es por eso por lo que corrompen al alcalde porque es un negocio privado impresionante", ha aseverado.

Tras subrayar el retraso que lleva el caso, ha apuntado que esperan que el juicio se pueda celebrar antes de Sanfermines, en el mes de junio, aunque ha reconocido que supone una carga de trabajo muy importante para el juzgado al que se asigne, ya que al juez le van a llegar más de 40 tomos y deberá decidir sobre cuál de las numerosas pruebas admite.

Se trata, ha apuntado, de un juicio "complejo" que cuenta con 42 testigos, 5 peritos y 7 imputados, que puede durar unas dos semanas.

Al ser preguntado por la decisión de los concejos de Badostáin, Olaz, Egüés, Elía, Alzuza, Ibirucu y Ardanaz de renunciar a las acusaciones, que es lo que ha motivado el cambio de la Audiencia al Juzgado, Zabaleta ha señalado que "no hay una respuesta buena a esta pregunta".

Frente a eso Zabaleta ha dicho que Aralar va a llegar "hasta el final", ya que "es obligación de los agentes políticos luchar contra la corrupción, más en los momentos de crisis económica y social".

En Navarra, además, "la crisis es moral", según Zabaleta, quien ha aludido a declaraciones de dirigentes de UPN sobre la supuesta "caja B" del Ayuntamiento de Cintruénigo y que son "exponentes de una carencia de principios" y "de connivencia con la corrupción".

A esa cuestión se ha referido también Jiménez, quien ha calificado como "muy grave" que se quite importancia a ese asunto y se considere "intrascendente", a lo que ha añadido que ésa "no es la opinión de Aralar, que lo considera un tema grave que refleja que en los Ayuntamientos e instituciones navarras puede pasar de todo por el tipo de gestión pública de manos de UPN y por la complicidad y disposición a permitirlo de PSN".