Los fiscales plantean por primera vez penar a los funcionarios que desatiendan las carreteras

León.-  Los fiscales han acordado hoy proponer sanciones penales por "comisión por omisión" para los funcionarios públicos por "incumplir gravemente" sus deberes en la construcción, mantenimiento y señalización de carreteras, un colectivo que hasta ahora nunca ha sido condenado en España por este delito.

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(EFE)

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Bargas. EFE/Archivo

Este acuerdo persigue velar por el cumplimiento el artículo 385.2 del Código Penal, que regula el delito de "comisión por omisión", para casos en se ponga "en grave riesgo la circulación", una norma que está en vigor desde 1962, pero que "hasta ahora nunca se había aplicado para funcionarios", según ha explicado hoy en rueda de prensa el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Bargas.

Bargas ha presentado en León las conclusiones de la III edición de las Jornadas nacionales de Fiscales de Seguridad Vial, que se han celebrado ayer y hoy en la capital leonesa.

En estas jornadas, se ha acordado ampliar el espectro de actuación de la Fiscalía, no sólo a los conductores, sino a los titulares de la vía, concesionarias, contratistas, peatones y demás personas que puedan generar riesgo para la seguridad vial.

De este modo, los fiscales propondrán sanciones penales para los funcionarios públicos cuando se detecten déficit importantes en la construcción de las carreteras, se diseñen trazados de curvas claramente peligrosos, firmes claramente irregulares y se produzcan graves errores en la señalización.

Para poder ser sancionados, se deberá demostrar que el funcionario era consciente de la situación y que además es competente en la materia.

Este artículo del Código Penal también afecta, no sólo a funcionarios públicos, sino también a contratistas y concesionarios de obras.

Así, por ejemplo, construir una autovía, en la que hay constancia de graves irregularidades en el terreno, y en las que se usen materiales que no sean de calidad serán actuaciones penadas.

Los fiscales han acordado dar instrucciones a las policías judiciales estatales, autonómicas y locales para que investiguen estos posibles delitos y redacten atestados con todos los datos técnicos del suceso.

Éste y otros acuerdos alcanzados ayer y hoy en León en estas jornadas se elevarán a la Fiscalía General del Estado, en aras a que este órgano dé el visto bueno a esta medida y así se pueda llevar a la práctica.

Esta iniciativa de penalizar el incumplimiento de la obligación relativa al estado de las vías tiene que ver con la idea de que el estado de las infraestructuras tiene incidencia en la seguridad vial.

En este contexto, Bargas ha aclarado que este acuerdo "no quiere decir que los funcionarios públicos no cumplan con sus deberes, ya que la inmensa mayoría lo hacen, sino para la minoría que los desatiende".

En estas jornadas, también se ha acordado "fomentar" la aplicación del delito penal de la omisión de socorro, el cual está recogido en el Código Penal, con el fin de proteger a las víctimas de accidentes y conscientes de la importancia de actuar a tiempo en setos casos.

Por otro lado, los asistentes han analizado el comiso (privación definitivo) del vehículo, como sustitutivo de la pena de prisión, en el caso de los reincidentes que generen un riesgo inminente para la seguridad vial y en los supuestos más graves de conducción temeraria.

Los fiscales están estudiando proponer que el importe de la venta del vehículo vaya destinado a las víctimas de los accidentes de tráfico.