Madrid.- La dirección nacional del PP ha iniciado hoy una investigación sobre la supuesta trama de espionaje en Madrid y el presidente del partido, Mariano Rajoy, ha asegurado que actuará "de forma fulminante" de confirmarse la implicación de algún dirigente popular.
"Diligencia" y "prudencia". Estas son las dos premisas con las que, ha dicho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, actuará la dirección del PP en la investigación encargada por Rajoy.
Cospedal ha mantenido contactos personales con la presidenta, Esperanza Aguirre, con el consejero Francisco Granados y con el ex consejero, Alfredo Prada y ha revelado que Aguirre le ha asegurado que desconocía la existencia de dicha red de espías, lo que la secretaria general ha creído, según sus palabras.
La investigación del PP abarcará el tiempo "necesario" y contará con el testimonio de "muchas personas", y no sólo las que pertenezcan al partido por militancia, sino también las de aquellas que, sin estar afiliadas, quieran comparecer y ayudar en el esclarecimiento de los hechos.
Sobre el desarrollo de esta investigación, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha garantizado que su partido "no va a mirar para otro lado".
Desde el PSOE, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tildado de "infamia" el intento de vincular a su departamento con la trama y ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no se dedican a espiar a la gente".
Al ser preguntado si podría estar detrás de la filtración de esta supuesta trama un agente del CNI, el ministro ha ironizado: "Y Mortadelo y Filemón, también".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado a los responsables del PP que los ciudadanos están esperando sus explicaciones sobre este asunto y ha aseverado que el Gobierno ve con preocupación las informaciones que se están publicando porque, de confirmarse, supondría una "vulneración seria de derechos fundamentales de la ciudadanía".
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha ido más allá y ha considerado que Francisco Granados "no tiene autoridad moral para seguir siendo consejero" de la Comunidad de Madrid y le ha recordado que "las cárceles están llenas de gente que dice que es inocente".
Gómez ha instado a Aguirre que "diga hoy sin falta si va a aceptar una comisión de investigación" en la Asamblea y ha opinado que el caso del "KGB de Esperanza Aguirre" supone la "crisis política, social y moral más importante que ha vivido en su historia la Comunidad de Madrid".
"El Gobierno de Esperanza Aguirre está deslegitimado y tienen que depurarse responsabilidades políticas", ha agregado el secretario socialista, en unas declaraciones que el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha calificado de "despreciables".
En lo que se refiere a la Justicia, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha solicitado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que le remita, "en la mayor brevedad posible", toda la información que tenga acerca de los casos de espionaje denunciados por El País.
Moix ha explicado que en su escrito pide que la Consejería manifieste "si tiene algún tipo de relación o vínculo con el ex policía Marcos Peña o con los guardias civiles que aparecen en las informaciones de El País".
El fiscal ha llamado hoy a comparecer al periodista de El País Francisco Mercado, quien ha entregado la información que demuestra que en la Comunidad de Madrid ha existido una trama de espionaje apoyada en dossieres "sucios" para "chantajear, quitar rivales de en medio o destruir hogares".
Mercado, autor de las informaciones, no ha precisado el origen de la documentación que obra en manos de su periódico y que ha entregado al Fiscal y ha asegurado tener "pruebas" de que "ha sido espiada mucha más gente" además del vicepresidente regional, Ignacio González; del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o del ex consejero Alfredo Prada, los casos que hasta hoy ha desvelado su periódico.
El periodista ha sostenido que posee datos que apuntan a que funcionarios de la Consejería de Justicia e Interior, dirigida por Francisco Granados, "han hecho labores" de investigación.
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