El CGPJ cree precipitada la huelga del 18-F, que Zapatero vincula al caso Tirado

Madrid.-  El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cree precipitada la decisión de una "minoría" de los jueces -que cifra en un 20 por ciento- de ir a la huelga el próximo 18 de febrero, situación que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vinculado directamente al llamado "caso Tirado".

En un comunicado leído por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el órgano de gobierno de los jueces ha "lamentado" que en las juntas de jueces celebradas ayer una "minoría" de ellos manifestara su voluntad de adoptar "medidas de presión" que considera "precipitadas y que podrían dejar indefensos a los ciudadanos", en referencia a la huelga del 18-F.

"Es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación", añade el Consejo, que recuerda que trabaja junto al Gobierno, las Comunidades Autónomas y las asociaciones judiciales para modernizar la Justicia y atender las reivindicaciones de los magistrados.

Según las cifras facilitadas hoy por el CGPJ, en las juntas y asambleas celebradas ayer la convocatoria de una huelga en febrero fue respaldada por un total de 829 jueces, lo que equivale a entre el 18 y el 20 por ciento del total de la plantilla de la carrera judicial.

La decisión de estos jueces de convocar un paro sin esperar al resultado de las negociaciones que se mantienen con el Ministerio de Justicia no sólo ha molestado al CGPJ, sino a las propias asociaciones judiciales, que planteaban hacer protestas simbólicas el 18-F y aplazar una posible huelga hasta el 26 de junio.

De hecho, ahora mismo está en el aire la reunión que estas asociaciones iban a tener el próximo sábado con varios jueces decanos para preparar el encuentro del lunes con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Mientras tanto, el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vinculado hoy de forma directa la huelga del 18-F a la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

"No valoro las causas; lo único que sé es la secuencia de los tiempos, y es que esto no había sucedido hasta que no hemos tenido el debate en torno a la responsabilidad del juez Tirado", ha destacado en Zamora durante una cumbre hispano-portuguesa.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado, en cualquier caso, que "ayer, hoy y mañana" el Gobierno seguirá dialogando aunque algunos jueces en determinadas partes de España hayan decidido ir a la huelga.

Tampoco los partidos políticos entienden el paro. El portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, ha mostrado su comprensión hacia las "lógicas" reclamaciones de los jueces, aunque ha precisado que la huelga no es la mejor solución para conseguir sus propósitos.

Otros grupos, como el PP y el formado por ERC-IU-ICV, han solicitado la comparecencia en el congreso del ministro de Justicia ante lo sucedido ayer.

El PP ha manifestado hasta ahora que la huelga no es la opción más conveniente, pero ha defendido las reivindicaciones de los jueces.

En la petición registrada por ERC-IU-ICV, que cuenta con el apoyo del PNV, se pide también la comparecencia del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en la misma comisión.

A las opiniones sobre la posible huelga de jueces se ha sumado hoy la del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha dicho en Salamanca que en su opinión esta medida de presión "no es legal", aunque ha añadido que respeta la iniciativa de "los que creen que es positiva".

Para Garzón, la huelga de jueces "no es conveniente" y sería "un mal ejemplo" e incomprensible para la ciudadanía.