El Gobierno canario adaptará una sola ley a la directiva Bolkenstein, salvo para el comercio

Santa Cruz de Tenerife.-  El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, anunció hoy que el Gobierno de Canarias elaborará una única ley para la adaptación de las áreas afectadas a la directiva europea Bolkesnstein salvo para el área de comercio, que tendrá, dado su carácter específico, una ley propia.

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(EFE)

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, respondió hoy en comisión parlamentaria acerca de la adaptación de los servicios públicos a la directiva Bolkenstein.

Ruano, que compareció hoy en el Parlamento para contestar a una pregunta del diputado del grupo Socialista José Ramón Funes, indicó que en total 277 normas autonómicas se verán afectadas por esta directiva que entra en vigor en diciembre de este año y que liberaliza los servicios.

El consejero explicó que las áreas más afectadas son turismo, comercio y medio ambiente y señaló que, según las previsiones del Gobierno canario, la ley de adaptación podrá ser aprobada en el último trimestre de este año, siguiendo la misma "hoja de ruta" que lleva el Gobierno central.

Ruano explicó que los trabajos para la aplicación de esta directiva se están llevando en coordinación con la Administración Central y recordó que la aprobación en octubre de la ley "paraguas" que establece el proceso de adaptación que se debe seguir en todo el Estado.

El consejero añadió que esta ley básica del Estado estará aprobada, según las previsiones del Gobierno de España, en los últimos cuatro meses del año.

Subrayó que una de las piedras angulares del nuevo sistema es la ventanilla única que de acuerdo con la directiva debe convertirse en punto único de contacto, tiene carácter transfronterizo, debe ser electrónica o virtual, puede ser general o sectorial y no altera el reparto de las competencias.

Por ello, indicó que el primer objetivo del Gobierno canario fue identificar todos los procedimientos y trámites afectados y se cuantificó un total de 277 normas autonómicas.

Señaló que el debate que se está produciendo en el sector comercio es a nivel europeo y apuntó que ante la pretensión del Gobierno canario de proteger al pequeño y mediano comercio, se elaborará una ley específica de adaptación de esta directiva al sector.

No obstante advirtió que la directiva no tiene un carácter proteccionista sino pretende liberalizar y recordó la obligación de cumplirla.

El diputado socialista José Ramón Funes indicó que el sector servicios es el más importante de la economía canaria y aunque alabó aspectos de la directiva como la apertura del mercado o la disminución en los precios, reconoció las dificultades en su aplicación.

Recordó que a nivel estatal la aplicación de esta directiva implica adaptar 7.000 normas, de las que 6.500 son de carácter autonómico.

Funes destacó aspectos a los que obliga la directiva como la simplificación administrativa, la ventanilla única, la colaboración entre administraciones o la supervisión de la calidad de los servicios y apuntó que no sabe si la Administración canaria está trabajando ya en estos aspectos.

El parlamentario expresó su preocupación ante una posible improvisación en la adaptación a esta normativa por parte del Gobierno de Canarias.