Ni morosos ni infieles, ahora se espía a los políticos

Ignacio González y Manuel Cobo no son los únicos que tienen a alguien siguiéndoles los pasos. Mientras la Comunidad de Madrid y la prensa nacional mantienen una batalla para saber quién espía a quién y cuáles son los responsables de que dos cargos 'populares' hayan tenido una compañía no deseada en los últimos meses, la práctica de hacerse con los servicios de un detective privado para asuntos políticos está a la orden del día.

Ballesteros (EFE)

El vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, durante la rueda de prensa que ofreció del miércoles

Olvídense del tópico de que los detectives privados se encargan de descubrir posibles infidelidades. La imagen que han transmitido las películas se queda muy atrás y, actualmente, los asuntos políticos y laborales son los que más se trabajan en los despachos.

"Los asuntos sentimentales pueden ocupar, tirando por lo alto, el 5% de nuestros casos", cuenta Carlos Bosch, secretario del Colegio Oficial de Detectives de Cataluña. Entonces ¿de qué trata el 95% restante de los casos? De temas relacionados con el dinero, no con el amor. En general se trata de empresas que vigilan a empleados de los que sospechan que fingen una baja laboral o que no cumplen con su trabajo fuera de la oficina. Pero también se encargan de intentar destapar casos de corrupción, tráfico de influencias y pago de 'favores' a cambio de concesiones. Lamentablemente, algo que está a la orden del día, como de vez en cuando nos muestra la prensa.

"En muchos municipios, acudir a los detectives privados por temas de corrupción es muy habitual. Me consta que una agencia de detectives estuvo controlando durante un tiempo a Carlos Fabra (polémico empresario y presidente de la Diputación de Castellón) para conseguir información con la que acudir a los tribunales contra él", nos cuenta un miembro de un colectivo de detectives privados. En España, incluso existen tres colegios oficiales en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. La creación de uno en Madrid está aprobada pero aún no se ha llevado a cabo.

"Verificar las conductas sospechosas de una persona está dentro de nuestras funciones. También si se trata de políticos", cuenta Asunción Fernández, del Colegio Oficial de detectives privados de la Comunidad Valenciana. Hacer un seguimiento de una persona —como supuestamente ocurrió en el caso de Cobo— no constituye un delito siempre y cuando no se utilicen métodos ilegales, como las escuchas telefónicas "que sólo pueden llevarse a cabo si las autoriza un juez", indica Carlos Bosch.

Aunque todavía no hay más que suposiciones y cruce de acusaciones, lo escandaloso en la historia del posible 'espionaje' en la Comunidad de Madrid es que los autores hayan podido ser antiguos miembros de la Policía y la Guardia Civil, pagados por la misma Comunidad. Un grupo, en teoría, estaba formado para investigar casos de corrupción en municipios madrileños. "Eso es algo totalmente ilegal porque para ejercer la investigación privada se necesita una licencia que otorga el Ministerio del Interior. Los policías y guardias civiles están autorizados para la seguridad pública pero no para la privada", explica Antonio Ferrando, también miembro del Colegio de la Comunidad Valenciana y director de Veritas - España Detectives Privados.

En muchas ocasiones, las conclusiones a las que llegan estos investigadores privados permiten destapar prácticas que constituyen delito, y sus dossieres pueden ser utilizados como pruebas para la acusación. Pero también hay otras intenciones como "saber quién se reúne con quién o descubrir si se está haciendo competencia desleal", cuenta Ferrando. ¿Les suena?