Madrid.- El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han coincidido hoy en considerar "asumibles" y ya en estudio la mayoría de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales y creen que la amenaza de huelga no es un obstáculo para llegar a un entendimiento.
Así lo han señalado en rueda de prensa el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, que participan en la reunión de la comisión mixta Justicia-CGPJ en la que se ha abordado, entre otros asuntos, el manifiesto de las asociaciones judiciales, que convocarán una huelga el 26 de junio si no se atienden sus reivindicaciones.
El secretario de Estado ha confiado en que el "conocimiento detallado" de todas las medidas que han abordado en esta reunión, "muchas de ellas puestas en marcha antes de este movimiento", permita a las asociaciones judiciales considerar innecesarias las movilizaciones anunciadas.
"Esperamos en general que se suavice la tensión que hoy se vive en la carrera judicial y que los anuncios de compromisos concretos como la creación de órganos judiciales, la modificación del sistema retributivo, del régimen de guardia pueda servir para que lo fundado que hay en esas reivindicaciones, que lo hay, encuentre esperanzas de solución", ha recalcado Pérez.
También la portavoz del Poder Judicial ha expresado su esperanza de que, a la vista del trabajo desarrollado, los jueces consideren que la huelga no es el cauce más adecuado para hacer visible sus reivindicaciones.
Respecto a las reivindicaciones salariales de los jueces, Pérez ha admitido que el sistema retributivo debe ser modificado y ha señalado que, aunque no hay prevista ninguna subida diferente a la del cinco por ciento fijada en los Presupuestos, se ha llegado al compromiso de aumentar el pago de las guardias y de incentivar mejor las sustituciones.
En este sentido, se ha planteado la posibilidad de que existan grupos de jueces dedicados exclusivamente a las sustituciones, que han denominado "volantes" y que podrían eliminar carga de trabajo.
Sobre el señalamiento de vistas, que la reforma legal aprobada por el Gobierno y remitida a las Cortes atribuye a los secretarios judiciales y que los jueces quieren que siga siendo de su competencia, el secretario de Estado ha indicado que cualquier modificación deberá plantearse en el trámite parlamentario.
El Ministerio de Justicia pretende, ha dicho Pérez, que el crecimiento de la planta judicial en los próximos cuatro años sea igual al de los cuatro pasados ejercicios, en los que aumentó en 637 unidades, acercándose a los 5.000 jueces, aunque en el caso de que los estudios sobre planta y demarcación judicial consideren este número insuficiente, no se descarta incrementarlo.
No obstante, tanto el CGPJ como el Ministerio comparten la idea de que la Administración de Justicia requiere no solo un aumento cuantitativo sino "una transformación radical de sus estructuras".
Otro de los acuerdos adoptados hoy, según ha detallado la portavoz del CGPJ, han sido la creación de 15 nuevos Juzgados de lo Mercantil, medida que ha considerado muy importante por el colapso que sufren algunos órganos por la crisis económica, además de plantearse la necesidad de estudiar la supresión en algunos partidos judiciales de los Juzgados mixtos.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la supresión del traslado forzoso, otra de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales, ha sido calificada por Gabriela Bravo como una buena noticia.
"La amenaza de huelga no va a condicionar la hoja de ruta", ha señalado Gabriela Bravo, mientras que el secretario de Estado ha indicado que "no nos gusta la amenaza de huelga" aunque no va a ser ningún obstáculo para el diálogo y, en su caso, el acuerdo.
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