El alcalde de Alhaurín seguirá en el cargo y ve movimiento político en la petición de inculpación

Málaga.-  El alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín (PP), ha asegurado que seguirá en el cargo pese a que el fiscal pide la inculpación para él y otras 24 personas en el "caso Troya", que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística, y ve en esta solicitud un "movimiento político".

Martín ha manifestado hoy a Efe que seguirá dando prioridad a su trabajo en el Ayuntamiento "y no a la persecución política", que cree que "se volverá en contra" de quienes la ejercen; se queja de que "no se deje trabajar a la jueza" y continuará en su puesto, "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial" y "contra viento y marea".

El ministerio público cree que "en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande funcionaba una trama al frente de la cual se hallaban sus máximas autoridades, cuyo objeto no era otro que obtener un enriquecimiento personal ilícito" y pide imputar al alcalde los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística.

Juan Martín considera que la solicitud "no es un movimiento en el juzgado, sino un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal (Antonio) Morales", en referencia al fiscal jefe de Málaga, y añade que "no es nada" y que se trata de un movimiento "en la persecución sin precedentes contra nosotros por ser del PP".

El alcalde comenta que "el primer expediente que coge Morales ha sido el de Alhaurín, que actúa al dictado del secretario general de Málaga, el supermoderado Heredia", en alusión al secretario provincial del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia.

Sobre los dirigentes socialistas señala que "no saben lo que van a hacer para conseguir la Alcaldía de Alhaurín".

Martín Serón ha destacado que "recientemente se pidió el sobreseimiento del caso del arquitecto y que lo han tenido que conceder tras dos años imputado" y que "hace poco llegó un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde dice que no hay ninguna relación entre la empresa que se dedica a blanquear capital y ninguno de los imputados".

Por ello, se pregunta "¿hasta dónde quieren llegar los socialistas?, ¿al estado policial?"; califica este caso como "una mancha en nuestra democracia", en referencia a la "utilización política", e insiste en demandar que "dejen a la Justicia tranquila y que sea imparcial".

El ministerio público mantiene que se ofrecía a los empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de obtener más edificabilidad de la legal a cambio de una retribución económica.