Palma.- La presidenta del Consell, Francina Armengol, ha firmado hoy un decreto de resolución del contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras en el solar palmesano de Can Domenge por incumplimiento de los plazos de ejecución, y ha anunciado que se edificarán viviendas públicas.
La presidenta ha informado en rueda de prensa de la resolución de este contrato adjudicado en junio de 2006 por el Consell de Mallorca, institución presidida entonces por Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina (UM), que gobernaba en coalición con el PP.
Sobre este concurso otorgado a la UTE Sacresa-Ferratur pesa además una investigación judicial por una presunta venta a un precio infravalorado de los terrenos, en la que está imputado el ex conseller del Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, de UM.
Armengol ha indicado que el decreto firmado hoy se llevará al pleno de la institución del 5 de febrero para su ratificación, aunque ha afirmado que es una decisión avalada por informes jurídicos de la institución, tomada en el marco del pacto de gobernabilidad y que cuenta con la aprobación de sus dos socios de gobierno: el Bloc y UM.
La presidenta comunicará hoy mismo la resolución a la UTE, que tendrá un mes para contestarla y deberá devolver al Consell un aval de 800.000 euros y los terrenos libres de cargas, donde se prevé la construcción de más de 600 viviendas de protección oficial (VPO) con la ayuda de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas del Govern, que podría hacerse cargo de los 30 millones que pagó la UTE por el solar.
Armengol ha basado su decisión en un informe externo encargado al bufete de abogados Miquel Coca, que propone al Consell dos soluciones posibles: la nulidad del contrato por haberse firmado con cada una de las empresas por separado y no con la UTE, o la resolución del mismo por incumplimiento del plazo establecido para las obras de las viviendas.
La segunda opción ha sido la elegida por el Consell y el conseller insular de Hacienda e Innovación, Antoni Alemany, presente en la rueda de prensa, ha esperado que la UTE acepte devolver la finca, ya que en caso contrario interpondría un proceso contencioso-administrativo contra ella.
"Si acepta, necesitaremos habilitar un crédito (para pagar los 30 millones), aunque intentaremos avanzar las conversaciones con el Govern para que se haga cargo del gasto", ha dicho Alemany.
Estas conversaciones con la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas están, según ha dicho Armengol, "muy avanzadas y bien encaminadas".
Armengol también ha hecho referencia a un informe administrativo encargado a un catedrático de la Universidad de las Islas Baleares cuando la empresa pidió al Consell una prórroga para llevar a cabo las obras de la urbanización, el cual, según ha apuntado, decía "contundentemente" que no se debía otorgar dicho plazo y que, además, la empresa estaba incumpliendo los plazos de ejecución.
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