Las suspensiones de pagos casi se triplicaron en 2008, según una importante auditora

Madrid.-  La crisis económica fue la causa de que el número de suspensiones de pagos creciera el 182% en 2008 en España, hasta alcanzar los 2.864, de los que el 38% se registró en empresas inmobiliarias o constructoras y el 15% en familias, según el Baremo Concursal publicado hoy por PricewaterhouseCoopers.

El informe, elaborado con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE), destaca que sólo "entre octubre y diciembre se publicaron más concursos de acreedores -antiguas suspensiones de pagos- que en todo 2007", lo que puede provocar "el colapso efectivo de los juzgados mercantiles" en 2009, en palabras de Enrique Bujidos, socio de PWC, que reclama una reforma de la Ley Concursal.

Según la consultora, el año que se acaba de cerrar registró prácticamente tantas insolvencias como entre 2007 y 2004, cuando se puso en marcha la nueva Ley Concursal, la que se aplica a las empresas en concurso de acreedores.

Por sectores, destaca el aumento en los últimos doce meses de las insolvencias en compañías pertenecientes a los sectores inmobiliario y construcción, destaca el informe, que añade que en el sector inmobiliario las suspensiones de pagos se multiplicaron por cinco al pasar de 74 en 2007 a 387 en 2008, mientras que en la construcción casi se cuadruplicaron al pasar de 182 a 692.

Por su parte, el número de particulares que se declararon en concurso de acreedores pasó de 118 a 417, lo que supone multiplicarse casi por cuatro.

El sector donde más crecieron las insolvencias fue el financiero, con 13 suspensiones de pagos, un 550% más, en tanto que automoción se situó entre los menos afectados, con un crecimiento del 79%, junto a alimentación (un 35% más) y sanidad (un 14% más).

También es digno de reseñar el fuerte incremento del tamaño de las empresas concursadas en 2008, cuyo activo promedio asciende a 13,2 millones de euros y un pasivo promedio de 11,5 millones, cifras que doblan en ambos casos los datos de 2007.

El socio responsable del Departamento de Reestructuraciones de PWC, Enrique Bujidos, señala que "los actuales juzgados de lo mercantil van a tener serios problemas para gestionar la multitud de concursos que se están declarando en la actualidad".

Bujidos insiste en que la nueva ley ha demostrado ser una gran norma para liquidar compañías, "pero regula un procedimiento largo y complejo, que adolece de una clara falta de agilidad en la resolución de incidentes encaminados a dar seguridad a los acreedores con respecto a las cuantías adeudadas".

"La resolución de estos conflictos consume un tiempo importante en el proceso, con el consiguiente progresivo deterioro de los negocios concursados en detrimento de su viabilidad", añade el socio de PWC, que también destaca la falta de efectividad de los convenios anticipados de acreedores, los que permiten a un pacto rápido entre el deudor y sus acreedores para salir de la insolvencia.

Además, reclama mayor seguridad en las refinanciaciones de deuda acordadas entre entidades financieras y empresas, como recientemente ha hecho la Asociación de Banca Española (AEB).

Asimismo, PWC destaca la conveniencia de que los acreedores tengan más presencia en los trámites de la suspensión de pagos y que se revise la aplicación de la Ley Concursal a los particulares, ya que está siendo poco adecuada para estos casos.

Por regiones, el arco mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valencia, Baleares y Murcia) fue la zona más afectada por las suspensiones de pagos en 2008, con el 44% de los procedimientos, seguida de la zona norte (Aragón, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia), con el 22%.