San José.- El Gobierno de Costa Rica cierra el 2008 marcado por un leve crecimiento económico pese a la crisis internacional, la conclusión de los trámites para la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y por escándalos que involucraron a altos funcionarios.
Los momentos más difíciles para el Gobierno de Óscar Arias durante el 2008 radicaron en escándalos relacionados con China y un desvío de fondos en el Ministerio de Vivienda.
El presidente del Banco Central, Francisco De Paula Gutiérrez, dijo hace algunos días que, pese a la crisis internacional, Costa Rica logrará en 2008 un crecimiento económico cercano al 3,5 por ciento, una cifra inferior al 7,5 del 2007 y el 8,8 del 2006.
Gutiérrez considera que aunque hubo una desaceleración, el país salió airoso de la crisis internacional, pues mantiene altas reservas internacionales por 4.000 millones de dólares, un superávit fiscal, bajo desempleo (4,9 por ciento), inversión extranjera cercana a los 2.000 millones de dólares y un turismo en auge.
El 2008 también fue un año crucial para el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, firmado en 2004, que finalmente entrará en vigencia en Costa Rica el 1 de enero con la aprobación legislativa de su agenda de implementación.
En 2008 Costa Rica logró la aprobación del TLC con Panamá y el anuncio del inicio de negociaciones para uno con China y otro con Singapur.
Los momentos más difíciles para el Gobierno de Óscar Arias durante el 2008 radicaron en escándalos relacionados con China, un desvío de fondos en el Ministerio de Vivienda, la aparente corrupción en los cuerpos de inteligencia y la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el país.
Costa Rica rompió relaciones con Taiwán en junio de 2007 para establecerlas con China, con quien firmó varios acuerdos de cooperación, incluida una compra de bonos de la deuda costarricense por 300 millones de dólares.
La primera compra de 150 millones de dólares se efectúo en enero de 2008, pero sus condiciones fueron mantenidas en secreto por petición de China, hasta que en septiembre la Sala Constitucional costarricense ordenó revelar los detalles de la transacción ante la presión de la prensa y la oposición política.
Otro escándalo que sacudió al país aconteció en marzo pasado, cuando el entonces ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, afirmó que las FARC tienen relación con "sectores políticos" costarricenses, un día después de que se descubrieran 480.000 dólares de esa guerrilla en una casa al norte de San José.
Berrocal fue separado de su cargo en medio del escándalo para evitar que "temas sensibles y delicados relacionados con la seguridad del país sean politizados", justificó el Gobierno.
Fernando Zumbado, al mando de la cartera de Vivienda, renunció en agosto al cargo en el marco de una polémica por el pago de asesorías con una donación taiwanesa del 2007 por 1,5 millones de dólares que estaba destinada a erradicar tugurios.
El ministro de Ambiente, Roberto Dobles, y el presidente Arias también estuvieron este año en el ojo del huracán al firmar en octubre un decreto de "interés nacional" para la construcción de una mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país.
Según los ambientalistas, esta mina provocará un daño irremediable a la naturaleza y un conflicto con Nicaragua, por su cercanía con la frontera.
En la actualidad la Sala Constitucional analiza un recurso de amparo que podría frenar por completo el proyecto de extracción de la empresa minera canadiense Vanessa Ventures.
En octubre, la vicepresidenta y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, también dimitió a esos cargos, pero para lanzar su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2010.
Otro escándalo se produjo en la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) a causa de fraudes bancarios efectuados, aparentemente, usando recursos de la entidad.
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