Mérida.- El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha propuesto hoy la creación en Extremadura de un banco público de segundo escalón, un instituto de financiación de crédito, para intervenir en el mercado y compartir el riesgo con las empresas extremeñas, que en la actualidad tienen muchos problemas para conseguir financiación.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.
Fernández Vara ha comparecido hoy, a petición propia, en el Pleno de la Asamblea, para exponer su posición ante la situación de la economía y el empleo en la Comunidad Autónoma, en una intervención en la que ha desgranado las distintas medidas que ha puesto en marcha su gobierno, así como nuevas propuestas de futuro.
El presidente extremeño ha instado al PP a debatir a principios de año sobre el citado instituto de financiación, que permitirá establecer avales para que las empresas puedan hacer frente a la obtención de créditos, de forma que en el primer semestre de 2009 estuviera aprobada su ley de creación.
El jefe de la oposición, José Antonio Monago, ha considerado este anuncio como una "ocurrencia más", propia, ha dicho, de Fernández Vara, a quien ha acusado de gobernar "a base de las opiniones de blog y no con planificación".
Monago ha recordado que ya existe el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que hace esa función de apoyo a las empresas, por lo que ha enmarcado la propuesta de Vara "en su afán desmedido de intervenir en todo".
No obstante, el presidente regional del PP ha instado a Vara a que les entregue el documento que contempla esta propuesta para estudiar la letra pequeña y poderse posicionar claramente.
Por otra parte, Fernández Vara ha condicionado la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz a la aprobación de un plan de inversiones extraordinarias, de no menos de 600 millones de euros, para actuar en regadíos y en las zonas tabaqueras y olivareras del norte de Cáceres.
Ante la renovación de la licencia para que Almaraz pueda seguir operando a partir de 2010, el presidente extremeño ha reiterado que la posición de la Junta es que ésta se dé por finalizada, salvo que el Gobierno central considere necesaria su continuidad en el mapa energético actual.
Si esto es así, ha añadido, la Junta debería de reclamar una serie de contraprestaciones y para ello se ha mostrado dispuesto incluso en plasmarlas en una disposición en el nuevo Estatuto de Autonomía.
Vara ha precisado que este plan de inversiones podría suplir la falta de fondos europeos para el regadío o para garantizar el futuro del sector tabaquero a partir de 2013 y, en ese sentido, ha instado a la oposición a que pueda cerrar con la Junta, no más allá del primer semestre de 2009, un plan de actuaciones sobre el tabaco. .
Con respecto a este asunto, Monago se ha mostrado totalmente de acuerdo y ha ofrecido a Fernández Vara "un talón en blanco" para que la defienda "con uñas y dientes".
El presidente extremeño, que ha hecho un análisis pormenorizado de la situación del empleo y ha destacado la importancia de la concertación en este ámbito, ha propuesto también que en el primer pleno del mes de febrero se apruebe en la Asamblea el llamado Pacto por el Empleo Local, alcanzado por él y Monago en su última reunión.
En ese sentido, ha adelantado algunos de los criterios que podrían regir su reparto, 42 millones de ellos entre los ayuntamientos y seis entre las mancomunidades, con un ámbito temporal que llegaría hasta el primer trimestre de 2010 y con actuaciones preferentes en servicios públicos.
Ha abogado, al respecto, por un fortalecimiento del Estado de Bienestar, con especial apoyo al gasto en educación y sanidad, y ha propuesto también que en ese mismo pleno de febrero debería la Cámara autonómica adoptar también un acuerdo sobre la fusión de las cajas de ahorro.
Con respecto a la financiación autonómica, Vara ha propuesto al PP que, una vez se cuente con un documento al respecto, oposición y gobierno vuelvan a reunirse para continuar "de la mano" en la negociación con el Ejecutivo central.
Finalmente, Vara ha planteado que en el primer trimestre del año esté cerrado un acuerdo sobre buenas prácticas que permita fijar las retribuciones de los altos cargos, la compra y uso de vehículos oficiales o los criterios de reparto de la publicidad institucional.
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