Bogotá.- El Procuraduría General de Colombia, que cumple la función del ministerio público, anunció hoy una sanción disciplinaria, que implica la destitución e inhabilidad por 20 años a dos mayores retirados del Ejército "que montaron al menos cinco atentados" para cobrar recompensas.
Una comisión especial disciplinaria señaló que con estas conductas "se incurrió en los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno".
La sanción, de carácter retroactivo, cobija a los mayores Javier Efrén Hermida Benavides y Luis Gerardo Barrero Calderón.
Fuentes de la entidad del control administrativo y disciplinario de los funcionarios en Colombia, incluidos legisladores, militares y policías, precisaron que las falsas acciones terroristas sobre las que los militares informaron para cobrar las recompensas ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006.
En esas fechas, antes y después de la posesión para un segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, quien juró el cargo el 7 de agosto de ese año, las autoridades detectaron y frustraron la colocación de bombas y coche bomba en distintas zonas de Bogotá.
En el mismo lapso, sin embargo, estalló uno de los coche bomba en el barrio Gaitán, sector noroeste de la ciudad, acción en la que murió una persona y varios militares resultaron heridos.
En un fallo de primera instancia contra varios miembros de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, se concluyó que "existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos".
Tales acciones, añade el fallo, "tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad y, una vez ubicado el material explosivo, demostrar su excelente desempeño como agentes de la inteligencia militar".
Una comisión especial disciplinaria señaló que con estas conductas "se incurrió en los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno".
Además, consideró como "gravísima la actuación de los oficiales del Ejército", a quienes todavía no les han definido su situación jurídica, toda vez que siguen vinculados a la investigación penal que realiza la Fiscalía sobre los hechos.
Los dos oficiales, según las fuentes, intervinieron para que se pagara recompensa por la información a Lidia Álape Manrique y Néstor Germán Pérez.
Según La Procuraduría, Álape Manrique y Pérez eran "supuestos informantes con quienes se había establecido el acuerdo para obtener los falsos positivos, lo cual produjo un incremento injustificado en el patrimonio de estas personas".
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