América Latina alza su voz contra países ricos y les pide responsabilidades

Costa do Sauípe (Brasil).-  Reunidos por primera vez sin el auspicio de Estados Unidos ni de Europa, los mandatarios de América Latina y el Caribe convocados en Brasil alzaron su voz contra los países ricos y trazaron la hoja de ruta para la creación de la Unión de América Latina y el Caribe.

La decisión de crear este organismo continental, que excluye a Estados Unidos y Canadá y que aspira a relegar aún más a la Organización de Estados Americanos (OEA), no figura en la resolución final de la primera Cumbre de América Latina y el Caribe convocada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El objetivo, explicó hoy el presidente de México, Felipe Calderón, en la rueda de prensa final de la Cumbre, es que la Unión comience a funcionar a comienzos de 2010, coincidiendo con el bicentenario del inicio del proceso de independencia de varios países de la región.

Calderón explicó que el futuro organismo multilateral englobará a todos los países de América Latina, desde Río Bravo hasta la Patagonia, y contará con una estructura y funciones permanentes.

Este impulso a la integración ha sido la más importante decisión adoptada por los mandatarios reunidos en Brasil, que aprobaron también una declaración final en la que alzaron su voz contra los países ricos y les pidieron que asuman su responsabilidad en la crisis económica.

Las críticas que han venido realizando los líderes latinoamericanos contra los países desarrollados y los organismos financieros multilaterales quedaron reflejadas en un texto lo suficientemente abierto, como para no herir susceptibilidades y dar cabida a las dispares sensibilidades de la región, desde México -con el conservador Felipe Calderón-, hasta el régimen comunista cubano de Raúl Castro, estrella debutante de la cita brasileña.

En la declaración, los mandatarios expresaron su "gran preocupación" por la crisis financiera y recordaron que "los países desarrollados fueron los causantes de la crisis y que por ende deben asumir los costos de su solución".

Los países en vías de desarrollo, continuó el texto, "no deben ser penalizados por prácticas financieras no sustentables en los países desarrollados", una idea en la que insistieron varios de los participantes en la Cumbre, durante sus intervenciones ante el pleno, como la argentina Cristina Fernández.

El documento reclamó la participación de los países en desarrollo en la construcción de una "nueva arquitectura financiera internacional", con una regulación eficiente y transparencia en el funcionamiento del sistema financiero mundial.

Entre las medidas para hacer frente a la crisis, los mandatarios encomendaron a sus ministros de Hacienda elaborar una estrategia para facilitar el pago de intercambios comerciales con monedas locales y evaluar la experiencia de una posible moneda común.

América Latina pidió también a los países ricos reglas estables de comercio y la eliminación de los subsidios agrícolas.

Además, abogó por una reforma de Naciones Unidas para democratizar sus órganos principales, en especial el Consejo de Seguridad.

El crecimiento de la xenofobia y la discriminación preocupó profundamente a los líderes latinoamericanos, que condenaron la "criminalización de los flujos migratorios y las medidas que atentan contra los derechos humanos de los migrantes".

La libre circulación de personas, señaló el documento, "es tan importante como la circulación de bienes y los flujos financieros".

Al margen de la declaración final, Argentina, Venezuela y Brasil suscribieron un texto propio de condena contra el racismo, la discriminación y la intolerancia religiosa y reafirmaron su compromiso para fortalecer los mecanismos de promoción de los Derechos Humanos.

Más allá de las críticas hacia los países ricos, a los que responsabilizan también del cambio climático y sus nefastas consecuencias para el Tercer Mundo, los mandatarios reiteran su apuesta por la cooperación Sur-Sur y se comprometen a analizar fórmulas conjuntas para impulsar el desarrollo.

En materia política, subrayaron su compromiso con el derecho de los Estados a construir "su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos".