El juez detecta connivencia entre las sociedades de los principales imputados

Murcia.-  El juez de instrucción numero 6 de Murcia, que investiga el caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Librilla, ha observado que "existen llamativas coincidencias" entre los principales imputados en este caso, entre los que se encuentra el alcalde de la localidad y un ex funcionario de la Comunidad autónoma.

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(EFE)

El constructor Santiago Martínez Esparza (i) junto a su abogado Pardo Geijo momentos antes de prestar declaración en el Juzgado de Instrucción Número Seis de Murcia en relación con una supuesta trama de corrupción urbanística que se investiga en Librilla.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez informa que por ello acordó varias entradas y registros, entre otros, en el Ayuntamiento de la localidad y las sedes sociales y despachos profesionales de los imputados.

A raíz de este caso, ingresaron en prisión tres semanas el alcalde de Librilla, José Martínez García, del PP; su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, el gerente de la empresa municipal del suelo y de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) José Andrés Cortes, y el ex funcionario Jose Luis Cano.

El material que obra en las diligencias incluye el auto que ordena los registros y detecta las connivencias, un informe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil sobre esta supuesta trama, así como la denuncia de un particular sobre presuntas irregularidades en Librilla.

El juez observa la coincidencia de que varios de los imputados figuran como fundadores de las mismas empresas supuestamente implicadas, y que en varios casos coinciden los domicilios sociales.

El auto, de 13 de noviembre, recoge expresamente que uno de los principales imputados, el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano fundó junto con su esposa la sociedad "Control & Gis S.L.", de la que "se presume el carácter esencialmente instrumental con el fin de recibir de manera opaca determinadas prebendas económicas a cambio de facilitar la concesión de contratos de obra pública".

Añade que en marzo de 2004 esta empresa adquirió el 50 por ciento de las participaciones de otra de las entidades investigadas, ACADI, administrada por el ingeniero e igualmente imputado Domingo Peñalver.

"Con esta adquisición, es evidente -afirma el juez- que las ganancias que en el ejercicio de su actividad profesional pudiera tener Acadi no eran indiferentes a Jose Luis Cano".

El auto señala también que las "relaciones entre Cano y Peñalver se hacen aun más claras si se aprecia que, a pesar de que supuestamente el primero 'no aterrizó' en la copropiedad de la empresa de Peñalver hasta marzo de 2004, en la cuenta a nombre de Acadi de una sucursal bancaria de Molina de Segura, el ex funcionario figuraba autorizado desde el 30 de julio de 2001, dos meses antes de la constitución de Acadi".

Señala el juez que presuntamente "la separación de domicilios de las dos mercantiles es simplemente ficticia, con el fin de no dejar señales a terceros acerca de la íntima conexión entre ambos".

El juez deduce que Control y Gis "no es si no una cobertura a fin de vehiculizar los pagos a Cano de cantidades a cambio de su actividad a favor de la concesión de contratos de obra pública, entre otras, a la empresa Acadi".

Concluye el instructor que "debe investigarse el que la empresa Acadi haya recibido adjudicaciones de contratos públicos por parte de IDL por importe de 417.600 euros en el año 2005, y de 2,3 millones de euros en 2006".

El auto se refiere también a otras sociedades "que presuntamente podrían ser parte del entramado societario tejido para enmascarar y conseguir contratos públicos", como Emusal S.L., constituida en mayo de 2004 al cincuenta por ciento por las sociedades Acadi y Urvitec Levante S.L., administrada por José Antonio Núñez.

Tambien ordena investigar si las trasferencias de capitales entre las empresas, tras atribuirse contrataciones públicas por parte de los organismos oficiales donde prestaban sus servicios Cano y Peñalver "obedecen a negocios jurídicos reales o a enmascaramientos de pago de prebendas".